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La Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, declaró el estado de emergencia ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y las zonas productoras de agua, y anunció una inversión de 242.9 millones de dólares entre 2024 y 2026 para proteger la selva.
“La tala masiva y la ganadería ilegal, impulsada por el hambre, la ambición desmedida en el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, el comercio inescrupuloso de la explotación irracional de las principales especies de maderas preciosas y bosques de pino, el crimen organizado quien cubre las actividades de narcotráfico dentro de las selvas hondureñas, está arrasando con los bosques y desestabilizando la región”, subrayó Castro.
Estos factores están “poniendo en riesgo la seguridad física, cultural, alimentaria y del agua, vital líquido para la sobrevivencia humana, y en especial de las comunidades locales e indígenas, además, el daño que le causa la contaminación ambiental y el clima global”, añadió la mandataria, que preside el CNSD.
La estado de emergencia se declaró durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa (CNSD), celebrada en el departamento de Gracias a Dios, ubicado al este del país, frente al Caribe, fronterizo con Nicaragua.
El CNSD pidió al Ministerio Público investigar el modo de operación de las asociaciones y organizaciones con actividad comercial y criminal, pues gran parte de la agricultura migratoria, la ganadería extensiva y el cultivo de droga tiene su origen en “el lavado de activos y el crimen organizado”, actividades que “atentan y destruyen los bosques tropicales” de Honduras.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, determinó también que el Poder Legislativo deberá reformar el Código Penal para el endurecimiento de penas y sanciones por la comisión de delitos ambientales.
Ordenó además neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer “delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado”, que han destruido los bosques, la cultura de los pueblos originarios y áreas protegidas, según la resolución aprobada por el CNSD y leída por el ministro de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina.
MÁS SOLDADOS PARA PROTEGER LOS BOSQUES
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad instruyó a las Fuerzas Armadas a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) a decomisar inmediatamente y destruir la maquinaria que “depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas”, añadió Medina.
El gobierno hondureño anulará jurídicamente las autorizaciones extendidas por el Instituto Nacional Agrario en áreas forestales y ordenó el “desalojo de las actividades de agricultura, ganadería, minería, dragado de ríos y construcción de proyectos de urbanización” en la zona núcleo de las áreas protegidas, según la resolución.
Solicitó también al Ministerio Público investigar los procesos de otorgamiento de títulos de propiedad inscritos ilegalmente en el Instituto de la Propiedad dentro del patrimonio público nacional, forestal inalienable y en especial los que han despojado a las comunidades y pueblos originarios.
El CNSD ordenó a las Fuerzas Armadas aumentar hasta 8,000 soldados en los batallones de protección ambiental, en el marco de la estrategia ‘Cero deforestación’.
Todas las personas que cometan delitos ambientales serán capturadas y judicializadas y, para ello, la Corte Suprema de Justicia asignará tres jueces con jurisdicción nacional y el Ministerio Público dispondrá de tres fiscales.
Además, se ordenó neutralizar y establecer control en las carreteras utilizadas para cometer delitos ambientales y actividades asociadas al crimen organizado y se instruyó a las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, proceder de acuerdo a los mecanismos legales correspondientes, al decomiso inmediato y la posterior destrucción de acuerdo a la ley, de la maquinaria que depreda bosques, ríos, montañas y áreas protegidas.
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El ministro de Recursos Naturales indicó que a la estrategia ‘Cero Deforestación’ se le asignará este año un presupuesto de 1,000 millones de lempiras (40.5 millones de dólares), 2,000 millones de lempiras (80.9 millones de dólares) en 2025 y 3,000 millones (121.5 millones de dólares) en 2026.
El CNSD también ordenó la creación de la Comisión para la Cero Deforestación y pidió al Parlamento hondureño reformar el Código Penal para endurecer las penas para delitos ambientales.
La Comisión para la ‘Cero Deforestación’ al 2029 estará a cargo de todas las funciones en defensa, protección, y desarrollo sostenible de los bosques de Honduras, la cual será presidida por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y que tendrá en el cargo de “secretario” al Instituto de Conservación Forestal (ICF), deberá presentar en siete días el reglamento para operar la resolución del CNDS y deberá establecer los incentivos para las personas que ubicadas dentro de áreas deforestadas, se incorporen a un programa voluntario de protección, reforestación y defensa de las cuencas productoras de agua.
“El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ordena, a través de la presente resolución, declarar el estado de Emergencia Ambiental de los bosques de Honduras, la defensa de las áreas protegidas y zonas productoras de agua”, indica el documento aprobado en la reunión donde participó Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional; Rebeca Ráquel, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; Jhoel Zelaya, Fiscal General de la República; José Manuel Zelaya, secretario de Defensa; Héctor Sánchez, ministro de Seguridad; y, otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
