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La presidenta del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Silvia García Polanco, llamó a los presidentes de la región a nombrar un nuevo secretario del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya secretaría general está en El Salvador y su objetivo es la integración.
García recordó que la Secretaría General del SICA se encuentra vacante, dado que a mediados de noviembre de 2023 el abogado nicaragüense Werner Vargas renunció al cargo para el período 2022-2026 para el que fue nombrado propuesto por Nicaragua.
“Nosotros apelamos a que los presidentes puedan tomar la decisión pronto de designar el secretario general del SICA”, dijo en declaraciones a la radio local salvadoreña YSKL.
La presidenta del Parlacen calificó la renuncia de Vargas de “inesperada y sorpresiva”.
García Polanco y los demás diputados del Parlacen se encuentran en San Salvador para realizar una sesión ordinaria de Asamblea Plenaria.
El 16 de noviembre pasado, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, comunicó a través de una carta dirigida a los Estados miembros del SICA que Vargas presentó su renuncia como secretario general de ese organismo el 14 de noviembre de 2023.
Asimismo, el canciller Moncada anunció que su Gobierno “estará presentando a la brevedad una terna de candidatos para elegir al secretario general, que continuará el periodo correspondiente a Nicaragua”.
El Gobierno de Daniel Ortega no ha explicado los motivos que tuvo Vargas para renunciar al cargo, cuya elección también había tenido un retraso.
Vinculado al SICA, Vargas tiene amplia experiencia en asuntos sobre la integración centroamericana. Fue director ejecutivo de la Secretaría General del SICA durante la presidencia del exmandatario guatemalteco Vinicio Cerezo en ese organismo regional (2014-2020).
De acuerdo con su perfil profesional, Vargas ha ocupado cargos como secretario de asuntos parlamentarios en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y fue colaborador jurídico de la Corte Centroamericana de Justicia (CIJ) entre 2010 y 2014.
El SICA, fundado en 1991, está integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Honduras, Belice y República Dominicana como miembros de pleno derecho, mientras que México, Estados Unidos y otros países tienen la categoría de observadores regionales.
