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El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó al juez natural que se encargará del proceso penal contra el diputado Mario Alonso Pérez, acusado por presuntas amenazas contra un guardia de seguridad del Congreso Nacional, hecho ocurrido el pasado 31 de octubre.
La magistrada Francisca Villela fue la designada para conocer el proceso judicial, mientras la Corte de Apelaciones quedó integrada por Any Belinda Ochoa, Odalys Nájera y Rubenia Galeano.
presentarse voluntariamente ante el juez competente y con ello evitar la orden de captura que pueda emitir el responsable de su caso.
Cab recordar que la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) del Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal en contra del diputado Mario Alonso Pérez López por suponerlo responsable del delito de amenazas en perjuicio de un miembro de la seguridad interna del Congreso Nacional.
El congresista imputado en fecha 31 de octubre de 2023, aproximadamente a las 8:30 de la noche, luego de un intento de sesión ordinaria que desencadenó una serie de disturbios, se desplazó hacia el área de parqueo (por postas números 1 y 2) de ese edificio legislativo, donde cumplía su labor el guardia ofendido, y éste al abrir un portón de acceso, fue objeto de amenaza con arma de fuego de parte del acusado.
Específicamente, el diputado Pérez López sacó de su bolsillo una pistola y le apuntó a la altura del cuello al empleado de seguridad de nombre Edgar Joel Cabo Corea, a quien le dijo con tono amenazante que su vida valía más que la de él, usando palabras soeces y llegando al grado de asegurarle que lo iba a matar, para que éste cerrara la cortina.
Toda esta situación, según las circunstancias y dinámica que rodearon los hechos y basado en lo que establece la norma, se tipifica como delito de amenazas, conforme al artículo 246 numeral 2 del Código Penal vigente.
Cabe mencionar que, las diligencias de este caso que fue muy notorio, divulgado en redes sociales y medios de comunicación, fueron realizadas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) bajo la dirección técnica y jurídica del Ministerio Público.
