La juez hondureña Karla Lizeth Romero, quien se encargó de juramentar a la presidente Xiomara Castro el pasado 27 de enero de 2022, acudió a interponer una denuncia contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, por presuntas amenazas.
La togada acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras (Conadeh). En ese lugar levantó un documento registrando los hechos que ella narró ocurrieron antes de toma de posesión de la mandataria.
Según el escrito, la abogada recibió información que el titular del Congreso Nacional se refería a ella de forma amenazante y despectiva por medio de mensajes de texto que él le habría enviado a una tercera persona.
Luis Redondo está molesto, porque ella sería quien tomaría el juramento de la presidenta, pues es un acto que le compete al presidente del Poder Legislativo.
Dichas amenazas habrían sido expuestas por Luis Redondo al doctor Dennis Castro Bobadilla, en donde Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se refería a la abogada diciendo “que es una mujer corrupta en el ejercicio de sus funciones, que no va a descansar hasta verla presa en la cárcel, que tiene las pruebas para ello, que lo va a realizar con otras personas, que se metió con la persona incorrecta porque no conoce el alcance de su poder y que por eso es que aparecen “así” los abogados”, según las declaraciones de Romero ante el Conadeh.
Luis Redondo irrespetó a juez hondureña
Romero, también dijo que “en reiteradas ocasiones se refirió a su persona como, “esa mujer”, utilizando palabras peyorativas, de desprecio, de descalificación a su género. Por lo que, la referencia a su persona es evidentemente misógina, irrespetando su investidura como autoridad y carrera judicial de 29 año. Tampoco tiene respeto a su género, violentando así su dignidad, su imagen pública, integridad personal”.
En la denuncia, la jueza argumentó no entender el descontento del parlamentario, pues ella recibió la promesa de Xiomara por una petición que la misma presidenta y su esposo, Manuel Zelaya le hicieron, en vista de que en el Congreso Nacional había un conflicto por la existencia de dos juntas directivas de forma paralela, es decir, la de Luis Redondo y la de Jorge Cálix, pues ambos fueron juramentados en dos sesiones distintas debido a la división que se creó entre la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y otras fuerzas políticas.
Fue así que Karla Romero accedió a ser quien sostuviera la Constitución y escuchara el juramento de la presidenta hondureña frente al público y a los invitados especiales el día de la toma de posesión en el Estadio José de la Paz Herrera, conocido popularmente como “Chelato Uclés”. En ese instante también hizo acto de presencia Luis Redondo, quien sostuvo el micrófono para que Romero hablara.
Un momento de tensión entre ambos se vivió cuando Romero se aprestaba a leer el acta de juramentación, pues miró por un instante al diputado y regresando su mirada a la presidenta, dijo: “Y el ingeniero Luis Redondo nos acompaña”.
De inmediato, él le pidió que lo llamara presidente (del Congreso), ante lo cual la profesional del derecho respondió: “el artículo constitucional lo prohíbe” y prosiguió con la juramentación. Más tarde, Romero justificó su respuesta aduciendo que el motivo por el que ella se encontraba ahí no era para legitimar a uno u otro presidente del Legislativo, sino para tomar la promesa de la gobernante.
Amnistías
Más tarde, en octubre de ese mismo año, nuevamente se vieron envueltos en un conflicto luego de que la abogada presentara dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía a Presos Políticos, aprobada durante la gestión de Redondo.
“Los invito a que investiguen cuál es el palmarés y el historial de la persona (abogada Karla Romero) que interpuso los recursos de inconstitucionalidad. Se van a sorprender, así como yo me he sorprendido”, dijo Redondo como respuesta a la acción legal de la togada.
“Es un ataque personal. No soy una persona que me quedo callada. No soy política, he emitido resoluciones jurídicas. Las cosas se toman de donde vienen. Dentro del Ministerio Público no existe ningún requerimiento en mi contra. Hay quienes están acostumbrados a vociferar acusaciones”, reaccionó ella.
Por lo expuesto en el documento presentado este 19 de enero ante el Conadeh, la jueza solicitó ser beneficiada con las medidas de protección necesarias, que se ponga en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se le tome la declaración al doctor Dennis Castro Bobadilla, como testigo de la situación.
Finalmente, argumentó que si algo le sucede a ella o a alguien de su familia, responsabiliza al diputado Luis Redondo.
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