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La extorsión se ha convertido en un detonante que no solo repercute en el ámbito económico, sino que lesiona los derechos humanos de miles de hondureños que se ven obligados a desplazarse de sus hogares para salvaguardar su integridad física y sus vidas, revela un informe del Estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
Al menos, 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de actos de extorsión, sin embargo, alrededor del 79% de las denuncias atendidas por el CONADEH fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56%) y Cortés con el (23%), es decir, 8 de cada 10 casos denunciados ocurrieron en esos dos departamentos.
Pese al temor que existe en las victimas de denunciar este tipo de ilícitos, el CONADEH atendió entre el 2016 y el 2021, alrededor de 5,081 quejas relacionadas al desplazamiento forzado de personas, de las cuales, 525, que representan alrededor del 10% de los casos, fueron bajo la modalidad delictiva de la extorsión, que afectó a más de 1,700 personas.
Al menos, 13 de los 18 departamentos del país han sido escenario de actos de extorsión, sin embargo, alrededor del 79% de las denuncias atendidas por el CONADEH fueron registradas en los departamentos de Francisco Morazán (56%) y Cortés con el 23%, es decir, 8 de cada 10 casos denunciados ocurrieron en esos dos departamentos.
El informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del CONADEH devela que el 58% de las víctimas de desplazamiento forzado por extorsión fueron comerciantes (33%), amas de casa (6%), transportistas (6%), mecánicos (5%), docentes (5%) y operadores de justicia (4%).
También son víctimas de ese delito periodistas, maestros, médicos, abogados, conductores de transporte privado de estudiantes o empleados de empresas públicas o privadas, quienes, cada vez que ingresan a colonias o barrios controlados por grupos criminales, deben pagar, sea para ingresar o salir del lugar.
Solo en el 2021, el CONADEH atendió 917 casos de desplazamiento forzado, de los cuales, el 16% fueron por extorsión, afectando a unas 275 personas.
Entre enero y junio del 2022, al menos, 132 denuncias relacionadas a casos de extorsión y desplazamiento forzado, fueron presentadas por las víctimas ante el CONADEH.
Indiferencia de las autoridades abona impunidad de los casos de extorsión
La extorsión en Honduras ha tenido un impacto devastador y más allá del costo económico que dejan de percibir los propietarios de negocios, representa un factor de riesgo para quienes se niegan o no pueden pagar la cuota, situación que puede concluir en ataques contra la vida de personas e incluso la destrucción de la propiedad, reza el documento.
En algunos casos, el pago de la extorsión no necesariamente representa el pago de dinero sino la prestación de servicios a favor de integrantes de los grupos criminales, añade.
Para el CONADEH es motivo de preocupación que las victimas consideren que, en el país, no existan condiciones favorables para presentar denuncias, principalmente por la falta de confianza en las autoridades competentes y por su posible colusión con los grupos criminales.
Uno de los hallazgos revelados es que en, al menos, el 54% de los casos, los peticionarios denunciaron el hecho sin la pretensión de abrir investigación o acudir ante las instancias de seguridad y justicia competentes.
De los testimonios de las personas víctimas de la extorsión, se colige que existen serias fallas en el sistema de administración de seguridad y justicia del país, por la debilidad en los procesos de investigación de los hechos y la protección de las personas afectadas.
Consideran que es constante y notorio que las autoridades aún no comprenden las diferentes dimensiones de la extorsión, y esto conduce a la desestimación de denuncias y la indefensión de las personas que no encuentran una respuesta efectiva por parte del Estado.
La extorsión perceptible suele comprender la afectación en todos los ámbitos comerciales, sea grande, mediana, pequeña o una microempresa.
Preocupa al CONADEH que este tipo de delitos sigan ocurriendo en el país con absoluta impunidad, abonado por la indiferencia de las autoridades encargadas de la seguridad en el país.
En el 2017, se intentó detener el crecimiento vertiginoso de la extorsión con la emisión de un decreto que endurecía las penas para los responsables, sin embargo, la extorsión continúa siendo una forma de victimización de los habitantes que no solamente repercute en el ámbito económico, sino que lesiona los derechos humanos de los habitantes.
El Estado de hondureño reconoció que una de las consecuencias más graves de esta manifestación de la violencia consiste en el desplazamiento forzado interno de los habitantes por motivos de la extorsión.
De acuerdo con el monitoreo y análisis estadístico de las quejas presentadas en el CONADEH, la extorsión sigue siendo una modalidad violatoria que motiva que las personas deban huir de sus lugares de residencia o trabajo para salvar sus vidas o la de sus familias.
