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El sostenido pulso entre el Gobierno y la oposición de Venezuela dura ya 50 díasy todo indica que la capitulación no es una posibilidad cercana.
Este sábado, como de costumbre, la Mesa de la Unidad Democrática, que aglutina a todas las formaciones contrarias al régimen de Nicolás Maduro, convocó a una concentración en el tramo este de la principal autopista de Caracas y en las principales ciudades del país, que denominaron Somos millones. No hubo millones, pero sí miles de personas.
Durante el recorrido de la marcha que desembocó en el destino acordado en la capital venezolana no se observaron policías uniformados con sus equipos antimotines. La llegada estaba lejos del centro de Caracas. Pero cuando el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, sobre la plataforma de un camión, convocó a los manifestantes para que caminaran hacia la sede del Ministerio del Interior y Justicia, en la zona de La Candelaria, que el Gobierno reivindica como suya, los funcionarios se alistaron para impedir el paso.
Después de tantos días de continuas protestas, después de 49 muertes, cientos de heridos y ciudades destrozadas en todo el país, todavía sorprende que una multitud sin miedo exija en las calles el fin del caótico Gobierno del heredero de Hugo Chávez. Entre los venezolanos el dilema está más presente que nunca: protestar a costa de la propia vida o pasar el resto de sus días oprimido por una dictadura. Esa diaria refriega está siendo acompañada de una intensa presión diplomática para doblegar al régimen y obligarlo a desistir de sus planes de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente sectorial, que busca retrasar las elecciones hasta que la situación económica permita que puedan competir en condiciones de ganarlas.
OEA
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, es uno de los adversarios más enconados del régimen y ha convertido a Venezuela en el principal tema de su agenda. El sábado volvió a la carga con una idea: “Ya es hora de una negociación definitiva para acordar los términos del restablecimiento de la democracia”, afirmó en un comunicado. Almagro ha recordado que las muertes ocurridas en mes y medio “son el trágico resultado de un régimen que se obstina en no reconocer que la única salida viable a la crisis en que sumió al país es convocar a elecciones generales ya”.
Almagro ha insistido en construir puentes entre las partes, pero en este momento el acercamiento luce como una quimera. El Gobierno pretende dialogar con la oposición en el marco de su proyecto de reforma de la Constitución. La Mesa de la Unidad no está dispuesta a considerar la oferta ni a pagar el costo político de empezar una negociación política. Ahora, la dirigencia de la alianza opositora siente que es el momento de acompañar el generalizado repudio a Maduro para obtener una victoria política que luego les permita acordar, desde una posición más vigorosa, como sería la transición.
La crisis venezolana es una moneda al aire, pero los esfuerzos de la comunidad internacional, como lo ha solicitado Almagro este sábado, están acompañando esas duras escaramuzas que se libran en las calles. Sólo en la semana que culmina ocurrieron tres hechos que demuestran que los países americanos están presionando a Maduro.
Los presidentes Juan Manuel Santos (Colombia) y Donald Trump (EE UU)dedicaron unos minutos de la rueda de prensa posterior a su reunión del jueves en Washington al Gobierno de Caracas. Trump calificó a Venezuela “como un problema horrible” porque la gente “no tiene con qué comer, hay escasez de alimentos y mucha violencia”. El mismo jueves el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra los ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que, con sendas sentencias, se arrogaron a finales de marzo las labores del Parlamento, dominado por la oposición, y restringieron la inmunidad parlamentaria, aunque luego modificaron parcialmente sus decisiones.
Los representantes diplomáticos de los países latinoamericanos siguen saliendo a cuentagotas de Venezuela. Las legaciones de Colombia y Chile están sin embajador desde el comienzo de la crisis y no tienen fecha de regreso.
El viernes Honduras se sumó al grupo cuando anunció el retiro “por tiempo indefinido” de su encargado de negocios en Caracas.
En el comunicado entregado por Tegucigalpa se explica que la decisión “es una práctica rutinaria de las cancillerías y sus Gobiernos” y pretende “mantenerse informado de la manera más directa e inmediata posible sobre el fondo de la situación de Venezuela”. Pero ha sido imposible que el viaje sin retorno cierto del máximo representante del país centroamericano, Fernando Suárez Lovo, no sea evaluado como una consecuencia del deterioro de la democracia en Venezuela.
Almagro también ha denunciado esta semana a los oficiales de la Guardia Nacional responsables de la represión de las protestas y criticó la anulación de pasaportes a periodistas críticos y dirigentes opositores antes de abordar vuelos al exterior, una medida que luce como una nueva práctica del gobierno para intentar evitar que siga creciendo la mala imagen de Maduro. Justo por esa razón no pudo concretarse la reunión entre el líder opositor, Henrique Capriles Radonski, y el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, el viernes en Nueva York. El excandidato presidencial le entregaría personalmente un informe que recoge las violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano en el último mes y medio.
Los abogados entregaron el documento. Capriles aspira a que esas ideas sean compartidas con los grupos de trabajo y los mecanismos de protección con mandatos específicos sobre Venezuela, y que se siga gestionando una visita de la ONU al país. Si el régimen se vuelve a negar, como desde hace una década, a permisar las visitas de organismos internacionales, Capriles ha planteado una observación en la frontera para certificar, con familiares y víctimas, las violaciones a los derechos humanos constatadas por la prensa y las organizaciones locales. El propósito es uno solo: que Venezuela comience a ser tema frecuente en el foro mundial y no una declaración de ocasión.
Fuente: El País.
