Primicia Honduras Diario Digital 
La Sala de lo Constitucional falló a favor, en nombre del Estado de Honduras, a favor de grupo étnico Tolupán de San Francisco Locomapa en el departamento de Yoro, al norte de Honduras.
La sentencia consiste en que el Estado debe proveer cuanto antes alimentación inmediata y una clínica de asistencia médica a la población tolupana, que consta de unos cuatro mil habitantes en 27 aldeas y caseríos.
La demanda fue interpuesta por el Consejo Preventivo de la Tribu de Locomapa, el bufete de Derechos Humanos Estudios para la Dignidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Fundambiente.
Los derechos de los tolupanes han sido “ampliamente violentados”, especialmente durante la pandemia del Covid-19, indicaron en fecha pasadas los miembros de las tres organizaciones.
En primera instancia el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo falló favorablemente, en segunda instancia la denegó, sin embargo, en las últimas horas la Sala de lo Constitucional reafirmó que la población tiene derecho a alimentarse y tener acceso a la salud.
Asimismo, la municipalidad del departamento de Yoro debe proveer de los insumos a la población indígena Tolupan que ha estado privada de los derechos constitucionales, precisó el investigador, Juan Antonio Díaz.
La municipalidad de Yoro, de igual manera, debe respetar la diversidad cultural de la tribu, según el fallo.
ASESINATO DE TOLUPAN
Melvin Geovany Mejía Rodríguez, líder indígena Tolupán perteneciente a la tribu La Candelaria y defensor de los derechos de la tierra y de los pueblos indígenas. Era miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), una organización que trabaja para poner fin a la corrupción y proteger los bienes naturales y los derechos humanos fue asesinado el 22 de enero de 202 con armas de fuego por personas desconocidas en la carretera que conduce de la ciudad de Morazán, departamento de Yoro.
Melvin Geovany viajaba con un amigo, quien falleció en el acto, mientras que el defensor quedó gravemente herido y murió al cabo de pocos minutos por las heridas de bala.
Como miembro de MADJ, Melvin Geovany trabajó por la defensa de las tierras ancestrales del pueblo indígena Tolupán ante la presencia de empresas extractivas nacionales e internacionales. Melvin Geovany y su hermano Luis Electerio Mejía, también defensor de los derechos humanos, fueron víctimas de hostigamiento, intimidaciones y amenazas de muerte en los últimos años, hechos por los que Melvin Geovany tuvo que relocalizarse en otra aldea junto con su familia.
Por ello, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH urge a las autoridades hondureñas a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya a investigar de manera inmediata, exhaustiva e imparcial el asesinato de Melvin Mejía Rodríguez, y a tomar de manera inmediata las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras.
El Observatorio exhorta al nuevo gobierno de Honduras a revertir la política de persecución y criminalización contra quienes defienden derechos humanos ejercida por la anterior administración. Para ello, el Observatorio hace un llamado a las autoridades a implementar una política pública integral de protección a las personas defensoras de derechos humanos, así como a dotar de los recursos necesarios al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.
ACCION SOLICITADA
Por favor, escriban a las autoridades de Honduras urgiéndolas a:
i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial entorno a los asesinatos de Melvin Geovany Mejía Rodríguez y su acompañante, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente independiente e imparcial, y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;
ii. Adoptar de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la integridad física y el bienestar psicológico de quienes defienden la tierra y los derechos de los pueblos indígenas, y de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;
iii. Poner fin a todo tipo de ataques y actos de hostigamiento, incluido a nivel judicial, en contra de todas las personas defensoras de los derechos humanos en Honduras;
