Presidenta Castro sanciona proyectos que derogan las criminales ZEDE

Presidenta Xiomara Castro sanciona proyectos que derogan las ZEDE

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sancionó dos decretos legislativos que derogan las Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede), aprobadas en 2013 para atraer inversiones y que varios sectores consideraban que llevaban al país a ceder soberanía a extranjeros.

“Este es un día histórico y puedo decirle al pueblo hondureño: misión cumplida”, subrayó Castro luego de sancionar las iniciativas aprobadas cinco días antes “por unanimidad” de los 128 diputados del Parlamento hondureño.

Dijo que la sanción de los proyectos representan “un día más especial” en Honduras. “Estamos recuperando nuestra soberanía con este deseo y voluntad de un pueblo”, añadió.

Las Zonas de Empleo fueron aprobadas en 2013, durante el Gobierno que presidió Porfirio Lobo (2010-2014), quien tiene un hijo preso en EEUU por narcotráfico y según sus impulsores eran zonas de desarrollo similares a Hong Kong o Singapur.

El 23 de enero de 2013 el Congreso Nacional reformó los artículos 294, 303, 304 y 329 de la Constitución de la República, lo que fue ratificado el 30 de ese mes, para dar luz verde a la creación de las Zede.

Las Zede serán eliminadas tanto de “la reforma Constitucional de aprobación y ratificación que contienen la creación, configuración y todo lo concerniente a las Zonas de Empleo, como del decreto que contiene la Ley Orgánica, que fue aprobado el 12 de junio del 2013”, indicó el 20 de abril en un comunicado el Parlamento hondureño.

La presidenta hondureña señaló que la eliminación de las Zede es resultado de “un pueblo que se manifestó durante estos años para derogar esta ley” y agradeció al comisionado presidencial contra las Zonas de Empleo, Fernando García, así como a los diputados por aprobar la derogación.

“Esta promesa cumplida es un paso hacia la refundación”, señaló Castro, según la Secretaría de Prensa del Ejecutivo hondureño.

Las Zonas de Empleo fueron aprobadas “bajo un contexto de ilegalidad el 23 de enero del 2013 por el Congreso Nacional, acción que despertó un descontento social por representar una violación a la Constitución, entrega de la soberanía y una clara usurpación a los tres poderes del Estado”, añadió la oficina de Prensa.

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