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Un total de 11 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras en 2021, año en el que además se registraron 332 agresiones a activistas, según un informe difundido este martes en Tegucigalpa.
El documento, titulado “Honduras de la dictadura, caminando hacia la democracia”, fue difundido y elaborado por la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) con apoyo de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo (Trocaire) y la Organización Mundial Contra la Tortura y Heks Eper.
El documento detalla que el último defensor asesinado en Honduras fue Celenia Bonilla, quien fue atacada por tres hombres el 21 de noviembre de 2021 en el municipio de Guaimaca, departamento central de Francisco Morazán.
Bonilla era defensora de la tierra y la alimentación de la organización campesina Hombres y Mujeres de Fe.
El año pasado fueron asesinados 11 defensores de derechos humanos, hechos ocurridos en cinco de los 18 departamentos del país.
Según el informe de ACI Participa, la Unidad de Protección a Defensores en Riesgo registró en 2021 un total de 332 agresiones y ataques dirigidos hacia 146 activistas en 15 de los 18 departamentos de Honduras.
“Honduras sigue siendo un país peligroso para los defensores de derechos humanos, particularmente para quienes defienden los bienes comunes como el agua, el territorio, la tierra y el ambiente”, añade el documento.
Destaca que la impunidad es el “principal riesgo” para los defensores de derechos humanos en Honduras, donde el Mecanismo Nacional de Protección es un “instrumento inútil” para los activistas, si el ente no cuenta con los recursos necesarios para cumplir su función.
La asociación ACI Participa instó al Gobierno hondureño a “rescatar el Estado de derecho” y cumplir la promesa de campaña de derogar “las leyes nocivas” para la población aprobadas por el “corrupto Congreso Nacional desde el golpe de Estado” del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya.
Además, garantizar el libre ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión; y el derecho a la consulta previa, libre e informada a las comunidades afectadas por proyectos de industrias extractivas que ocasionen “daños ambientales, despojos y desplazamientos humanos”.
ACI Participa también recomienda al Gobierno “desmontar las estructuras de corrupción” en las instituciones del Estado, perseguir judicialmente a funcionarios corruptos y recuperar los bienes apropiados.
La organización hondureña exhortó a las organizaciones de derechos humanos a continuar “con su infatigable tarea de promover, defender y exigir la garantía del ejercicio de los derechos humanos” en Honduras.
