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Las agresiones a personas defensoras de derechos humanos en Honduras y los procesos infundados continuaron en Honduras en 2021, informó Amnistía Internacional (AI).
El informe de AI 2021-2022 subraya que en el país centroamericano las autoridades “bloquearon el acceso al aborto seguro y al matrimonio entre personas del mismo sexo”, y que “persistía la impunidad por el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley”.
Señala además que la creación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que se beneficiaban de exenciones fiscales y medidas especiales de seguridad, desató protestas al no haberse solicitado a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes el consentimiento libre, previo e informado.
AI también indicó que miles de personas hondureñas afectadas por los huracanes Eta e Iota (en noviembre de 2020), la violencia y la pobreza, se vieron obligadas a abandonar su país en dirección norte.
El organismo humanitario recordó que en febrero de 2021 la hondureña Keyla Martínez murió en el occidente del país por asfixia mientras estaba bajo custodia policial tras haber sido detenida por violar el toque de queda impuesto para contener la propagación del virus de la covid-19.
Al respecto indicó que se conocieron informes según los cuales la Policía había reprimido las protestas por su muerte.
Además, seguían los procesos penales contra las víctimas de la represión en el contexto de las protestas postelectorales de 2017 y 2018; sin embargo, los agentes del Estado no rindieron cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante esas protestas.
“Varios fiscales de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción fueron sometidos a procedimientos disciplinarios y penales que podían tener por objetivo obstaculizar su trabajo”, indicó Amnistía Internacional.
El estudio de AI destaca que según la ONG Global Witness, Honduras presentaba la segunda cifra más alta del mundo de homicidios per cápita de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, y que pese a ello el país seguía sin firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
Indicó además que en julio de 2021, David Castillo, exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos y responsable del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, fue declarado coautor del asesinato en 2016 de la ambientalista Berta Cáceres, y que continuaba en espera de que se dictara su condena.
Además, seguía sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.
Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente seguían enfrentándose a cargos penales infundados, y ocho miembros del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, detenidos en 2018 y 2019, continuaban en prisión al finalizar el año.
En enero, el Parlamento hondureño aprobó una reforma constitucional que hacía aún más difícil eliminar las prohibiciones sobre el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al concluir 2021 la Corte Suprema de Justicia aún no había resuelto el recurso de inconstitucionalidad contra la prohibición total del aborto.
El informe de AI también señala que en junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Honduras había violado el derecho a la vida y a la integridad física de Vicky Hernández, una mujer transgénero, trabajadora sexual y activista asesinada durante el golpe de Estado de 2009
