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El Consejo Nacional Anticorrupción, el fiscal de la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se sumaron al rechazo contra la amnistía política aprobado en el Congreso Nacional que dirige Luis Redondo.
“En estos momentos que la ciudadanía exige castigo contra los corruptos, es desacertado incluir en un decreto de Amnistía delitos en perjuicio de la administración pública, como el Enriquecimiento Ilícito y Malversación de Caudales Públicos”, escribió Luis Javier Santos en su cuenta personal Twitter.
Por su parte, el CNA y el Cohep, señalan que la amnistía para beneficiar a presos y perseguidos políticos, aprobada por el CN que dirige Luis Redondo, perdonaría hasta delitos de corrupción.
El Estado de Honduras vive actualmente una incertidumbre debido a los hechos ocurridos a lo interno del Poder Legislativo, situación que menoscaba el derecho de petición, principio de legalidad, libertad de expresión y la facultad de representación soberana con las que gozan los diputados del Congreso Nacional, ocasionando un vacío en la titularidad del Poder Legislativo, ya que ninguna junta directiva cuenta con legitimidad jurídica, exponen.
Respecto al Artículo 5 de la Amnistía para Defensores de la Soberanía Nacional, mencionan que primero se debe entender que la amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de los delitos que se establecen en la ley, por tanto, la amnistía procedería siempre que se compruebe que su sanción sobrevino de situaciones políticas y los beneficiados no hayan lesionado otros bienes jurídicos en el ejercicio de su libertad de expresión.
“Si bien no podemos desconocer que algunos de los funcionarios que fungieron entre 2006-2009 tuvieron y tienen el derecho a la libertad de expresión para manifestar su oposición al golpe de Estado, esto no indica que, si realizaron actos de corrupción o delitos en contra de la Administración Pública, los mismos deberán quedar en impunidad”, enfatiza el comunicado del CNA y el Cohep.
La amnistía aprobada abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado, y por los actos propios del ejercicio de su función política, procesos que fueron calificados como políticamente motivados.
El decreto incluye delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados y otros más, incluso de criminalidad organizada.
