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Los principales hechos violentos que causaron los desplazamientos o riesgos de desplazamiento entre 2016 y 2021 fueron las amenazas, la extorsión y asesinatos de acuerdo con un informe presentado hoy por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
En su misión de velar por el respeto a la dignidad humana, promoción de los derechos humanos y la lucha por la consolidación de una vida digna para todo hondureño, celebró el quinto aniversario operativo de su Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) como una iniciativa para la atención y protección especial de personas víctimas del Desplazamiento Forzado.
Desde el año 2013, el Estado de Honduras reconoció el desplazamiento forzado como una problemática social de gran impacto; sin embargo, fue hasta el 2015 que, a través de la firma de una Carta de Entendimiento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se concretó el compromiso de realizar acciones conjuntas en materia de monitoreo, sensibilización y prevención de esta realidad social.
En julio de 2016, se creó la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) adscrita a la Defensoría Nacional para las Personas Migrantes, ahora denominada Defensoría de Movilidad Humana. La Unidad tiene como propósito coordinar acciones de promoción, sensibilización, información a la población y especial atención de las personas afectadas por el desplazamiento forzado; además, brinda atención a personas retornadas con necesidades de protección, refugiadas y solicitantes de asilo, integrantes de flujos migratorios mixtos y con necesidades de protección internacional.
En un periodo de 5 años (julio 2016 – julio 2021) el CONADEH registró un total de52,043 quejas a nivel nacional; del total de casos registrados, 4,711 casos fueron de interés a la misión de la UDFI, por estar relacionados a situaciones de desplazamiento interno, constituyendo el 9% del total de quejas. Solamente en el 2019 se registraron 1,314 casos haciendo un total de 2,688 personas afectadas.
De acuerdo con nuestros registros, los principales hechos violentos que causaron los desplazamientos o riesgos de desplazamiento entre 2016 y 2021 fueron las amenazas, la extorsión y asesinatos. Francisco Morazán y Cortés fueron los departamentos más afectados por situaciones de desplazamiento forzado, concentrando el 55.1% de las quejas a nivel nacional.
El rango de edad más frecuente en las personas que interpusieron quejas fue el de 31 a 59 años, con 2,460 quejas (52%). Las personas adultas de más de 60 años interpusieron 202 quejas (4%), y la población adolescente de 12 a 17 años, 284 quejas (6%) registradas en este periodo.
Es bajo este panorama que la UDFI mantiene una cobertura permanente de atención a nivel nacional, con presencia técnica en Francisco Morazán, Choluteca, Olancho, Comayagua, Atlántida y Cortés, lo que permite que se brinde atención de casos de manera presencial e inmediata, con la aplicación de un enfoque diferenciado y conservando los principios de confidencialidad y respeto.
A pesar de los avances significativos, todavía existen desafíos pendientes, entre el que destaca la aprobación de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de Personas Desplazadas Forzadamente, iniciativa que fue presentada por la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por Violencia (CIPPDV) ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional en 2019. Es importante señalar que el CONADEH forma parte de la CIPPDV como observador y garante de los derechos humanos en el país.
La Defensora del Pueblo de Honduras, Blanca Izaguirre, considera que el desplazamiento forzado interno en Honduras es una realidad visible y de gran impacto para miles de personas que se han visto obligadas a abandonar su domicilio, principalmente, por la violencia generalizada que predomina en el país.
“En mi condición como titular del CONADEH, agradezco los esfuerzos del ACNUR y de todas las agencias de cooperación internacional que apoyan al Estado hondureño para brindar respuesta a las personas víctimas o en riesgo de desplazamiento y reitero mi compromiso en continuar trabajando desde esta Institución Nacional Derechos Humanos en velar por la protección de los derechos fundamentales de estas personas y seguir incidiendo para que el Congreso Nacional apruebe la Ley que les dará una respuesta integral a sus necesidades”, expresó Izaguirre.
