El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso denuncia ante la La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) contra la actual ministra de Salud Alba Consuelo Flores por suponerla responsable de cinco delitos de abuso de autoridad.
Entre las denuncias se acusa a la secretaria de Estado en la Sesal, de solicitar a la Sefin la cancelación de quince plazas para crear cuatro de estas y así nombrar en una de ellas a su hijo, José Obdulio Montes Flores, en el puesto de asistente técnico especial III, con un salario de cuarenta y dos mil, seiscientos treinta y cinco con 60/100 (L 42,635.60); sueldo que se paga del Despacho de Salud, es decir, directamente de la cartera presupuestaria que maneja su madre.
En respuesta, ministra Flores aclaró que su hijo tiene ocho años de trabajar en la Secretaría de Salud. “Todo mundo tiene derecho a trabajar”, señaló, para luego referir que revisará detenidamente el informe del CNA.
INFORME DEL CNA
El informe expone los resultados de un proceso investigativo ejecutado por la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos (UIASC), del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), en torno a la identificación de irregularidades cometidas al más alto nivel en la Secretaría de Salud (Sesal).
Como primer punto, se presentan los objetivos que promovieron la realización del presente trabajo; por consiguiente, los antecedentes que contextualizan las diferentes etapas en que fue impulsado el marco legal, mismo que es objeto de análisis en el presente documento.
Posteriormente, se detallan los elementos más trascendentes que sostienen la presente investigación, mediante el análisis técnico y las diferentes diligencias que permitieron los resultados obtenidos para concluir en las diferentes valoraciones jurídicas. Consecuentemente, dentro de este apartado se identifican los involucrados en los hechos que describen la ocurrencia de los diferentes actos objeto de estudio.
Finalmente, se detallan las consideraciones legales que identifican la consumación del tipo penal de abuso de autoridad, mismo que se basa en una serie de fundamentos de ley, para finalizar en la exposición de las conclusiones generales.
Es importante mencionar que la UIASC, a través de su plataforma de denuncias, recibió de manera anónima un relato de hechos que involucraba la participación directa de ciertos servidores públicos de la Sesal, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) y de la Dirección General de Servicio Civil (DGCC), en la premeditación y comisión de una serie de actos como parte de un plan bien estructurado que permitiría favorecer de manera ilícita a algunas personas, entre ellas, sus dos hijos y una nuera de la señora ministra de la Secretaría de Salud.
Al mismo tiempo, esta funcionaria, con autorización de autoridades de la DGCC, ha otorgado aumentos salariales con valores superiores al 70 % de la mensualidad base.
Sobre lo anterior, la UIASC, siguiendo su protocolo de atención, manejo y seguimiento de denuncias, realizó una serie de acciones, diligencias e indagaciones investigativas que permitió a esta unidad llegar al esclarecimiento de los hechos denunciados, donde se recolectó y analizó la información vinculada al proceso investigativo, logrando constatar que la señora Alba Consuelo Flores Ferrufino, en su condición de secretaria de Estado en la Sesal, solicitó a la Sefin la cancelación de quince plazas para crear cuatro de estas y así nombrar en una de ellas a su hijo, José Obdulio Montes Flores, en el puesto de asistente técnico especial III, con un salario de cuarenta y dos mil, seiscientos treinta y cinco con 60/100 (L 42,635.60); sueldo que se paga del Despacho de Salud, es decir, directamente de la cartera presupuestaria que maneja su madre.
Además, sus funciones no las desempeña en la gerencia central de dicha secretaría, sino en el Hospital de San
Lorenzo, lugar donde labora desde el 2017, cuando la ministra era la directora ejecutiva de ese centro asistencial.
Finalmente, el CNA, a través de la UIASC, constató que la Secretaría de Salud, con autorización de autoridades de la DGCC, otorgó aumentos salariales con valores superiores al 70 % del salario base; entre ellos, otra persona que se encuentra nominalmente nombrada para el cargo de asistente técnico especial III, pero ejerce las funciones de gerente administrativo de esta Secretaría de Estado, y que representa una pieza clave para toda la actividad criminal que en este informe se revela. Todo lo anterior, al margen de lo establecido en el Decreto Legislativo n.º 182-2020 que contiene el presupuesto general de ingresos y egresos de la república, ejercicio fiscal 2021.
INFORME COMPLETO
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