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Chile ha emprendido un proceso de largo aliento para cambiar su Constitución, que data de 1980, época de la dictadura de Augusto Pinochet. La presidenta, Michelle Bachelet, convocó el proceso hace 18 meses, pero el mecanismo está aún por definirse. Pese a que desde el retorno a la democracia ha tenido una treintena de cambios, sobre todo en 2005, en el Gobierno del socialista Ricardo Lagos, para los chilenos la Carta Magna carece de legitimidad y la mayoría —cerca de un 70%, de acuerdo con diversas encuestas— apoya su reemplazo.
“No atender a ese reclamo —como lo plantean los conservadores— nos parece una imprudencia”, señala el politólogo Genaro Arriagada, que junto a los exministros de centroizquierda chilenos Ignacio Walker y Jorge Burgos escribió el libro de reciente publicación Sobre derechos, deberes y poder. Una nueva Constitución para Chile (Uqbar editores). Dirigido a un público no especializado, explica todo lo que está en juego cuando un país cambia su Carta Fundamental.
Para Arriagada, cuanto más tarden las autoridades chilenas en atender esa demanda ciudadana, mayor será la posibilidad de que esta se transforme en la bandera de lucha del populismo, de izquierda o de derecha, que quiera dar un salto al vacío en materia constitucional apoyándose en alguna forma de democracia plebiscitaria y asociando una nueva Constitución a satisfacción de demandas que ninguna Carta puede satisfacer.
Regímenes
“Hay que tener presente que regímenes populistas como los del socialismo del siglo XXI pusieron en su centro una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente”, indica Arriagada, también exministro del democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000).
La presidenta Bachelet convocó hace 18 meses a los ciudadanos a un proceso, cuyo objetivo es la elaboración y aprobación de una nueva Constitución. “En este tiempo ha habido un intenso debate sobre cuestiones constitucionales, como el país no había conocido antes. Estamos en presencia de un proceso inconmensurablemente más democrático que cualquiera de los momentos constitucionales anteriores”, describe Burgos, exministro del Interior del actual Gobierno.
El proceso de discusión, sin embargo, tomará el próximo periodo presidencial (2018-2022) y estará marcado por las diferentes visiones que existen sobre una nueva Constitución. Según Burgos, “persistirá una tensión entre aquellos que no quieren cambiar nada —el expresidente Sebastián Piñera, entre ellos— y aquellos que lo quieren cambiar todo, como Frente Amplio [izquierda] y sectores de la Nueva Mayoría [de centroizquierda]”.
Para Walker, senador democristiano, “no se trata de partir de cero, ni de borrón y cuenta nueva”. “Chile tiene una rica historia constitucional tras la construcción, siempre tentativa, siempre imperfecta, de una República democrática, que fue el objetivo de la Constitución de 1833”.
En el libro de Arriagada, Burgos y Walker se examina el contenido que debería tener una nueva Constitución chilena: los capítulos que identifican los derechos fundamentales, que los reconoce, que se compromete a respetarlos y promoverlos, la forma en que la Constitución estructura el poder, determina sus atribuciones, limita y garantiza a las personas sus derechos frente al poder, entre otros asuntos. “Como señala el profesor Jorge Correa Sutil”, recuerda Burgos, “una Constitución es, ante todo, un modo de organizar, dividir, limitar y controlar el poder político”.
Mecanismo de cambio
Pero Chile todavía no decide el mecanismo por el que se elaborará la nueva Constitución. Los autores del libro, sin embargo, tienen aprensiones con las Asambleas Constituyentes. En el libro elaboran una propuesta para que se debata por las autoridades y los ciudadanos. “Una Convención Constituyente nombrada por el próximo Congreso Nacional que se elige en noviembre próximo con 60 miembros, 30 parlamentarios —15 senadores y 15 diputados— y 30 ciudadanos, todos ellos elegidos por el Congreso Pleno, cuya propuesta sea plebiscitada”, explica Walker.
Mediante este mecanismo, indican los autores, buscan fortalecer la democracia representativa, evitar todo riesgo de un cesarismo plebiscitario, fortalecer los partidos haciéndolos menores en número, pero más transparentes y democráticos.
Fuente: El País.
