El Ministerio Público logró un histórico fallo de culpabilidad de juicio oral y público en contra del Presidente Ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Roberto David Castillo Mejía, a quien se le condenó en el grado de participación de coautor del delito de asesinato de la líder ambientalista, Berta Isabel Cáceres Flores.
De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados, fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo Mejía ordenó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo indígena lenca.
De esta manera, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) demostró la responsabilidad del presidente de DESA en este crimen de impacto perpetrado el 3 de marzo de 2016 en la vivienda de la víctima ubicada en la Residencial El Líbano, La Esperanza, Intibucá, al lograr concatenar el cruce de mensajes y llamadas entre David Castillo y Douglas Geovanny Bustillo (condenado) y a su vez éste con otros hechores (condenados).
Es importante resaltar que la prueba científica y de índole documental y testifical la recabó un Equipo Multidisciplinario que designó el Fiscal General de la República y que integró la FEDCV, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense (DGMF).
La primera condena por este sonado caso se obtuvo el 29 de noviembre de 2018 en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez, culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.
Dicho juicio se desarrolló durante cinco semanas y los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas, donde se demostró la participación que tuvieron los condenados, antes, durante y después del hecho.
Además por este mismo caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.
La individualización de la pena para David Castillo será el próximo 3 de agosto, en la que como MP se citarán las circunstancias agravantes para que se arribe un castigo ejemplar.
Se reitera que la presente causa aún sigue abierta y se trabaja en identificar otros autores intelectuales involucrados en el asesinato de la activista de derechos humanos Berta Cáceres.