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La Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) logró en las últimas horas Auto de Formal Procesamiento contra dos coroneles de las Fuerzas Armadas por el Delito Contra los Medios de Comunicación.
De acuerdo a las investigaciones, se establece que el día martes 30 de junio de 2009, a las 4:00 de la tarde, en las oficinas de la Radio Liberación con frecuencia 101.3 FM MHz y ubicada en el barrio El Tamarindo del municipio de Tocoa, departamento de Colón, llegó un contingente de 30 militares, encabezado por coronel de infantería Manuel Antonio Peraza Rivera y capitán de navío Héctor Manuel Tercero López.
Ambos comandantes ingresaron a las instalaciones de Radio Liberación, requirieron al gerente y propietario, el señor Pastor Cabrera, a quien le ordenaron con intimidación apagar el equipo técnico que opera la radio y le advirtieron que de no acatar la orden sería detenido y le decomisarían todo las consolas y aparatos requeridos para la transmisión, debido a la cobertura noticiosa que realizaban sobre el Golpe de Estado.
Restringieron la libertad de expresión
Como resultado de esta acción, la estación radial dejó de operar el 30 de junio y el 01 de julio de 2009, restringiendo con ello la libertad de expresión y en menoscabo al derecho de informar al pueblo hondureño sobre la problemática política existente en el país.
En virtud de lo anterior, se hace referencia que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) nunca autorizó mediante resolución la suspensión de servicios de Radio Liberación, por lo cual los efectivos militares Peraza Rivera y Tercero López no contaban con orden de la autoridad competente para ejecutar el cierre parcial de la radio, mucho menos decomisar el equipo técnico, violentando así la Constitución de la República, las Convenciones de Derechos Humanos y las demás leyes del país.
En tal sentido, se llevó a cabo la Audiencia Inicial en el Juzgado de de Letras Seccional de Tocoa, donde se dictó el Auto de Formal Procesamiento con medidas diferentes a la Prisión Preventiva contra los dos oficiales de alto rango por el Delito Contra los Medios de Comunicación, cuyas penas según el Código Penal de Honduras (CPH) oscilan entre los 3 y 6 años de reclusión.
