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Más de 10,700 personas, procedentes de 239 municipios de Honduras, denunciaron, ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), ser víctimas de violaciones a sus derechos, según se desprende de un informe emitido por este ente estatal.
El documento establece que alrededor de 9,586 personas, que representan el 89% de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, pertenecen a grupos o sectores en condiciones de vulnerabilidad.
El titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, afirmó que la vulneración de derechos ha aumentado en el país debido a factores incidentales que actualmente se experimentan con gran intensidad como la violencia, la delincuencia, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad
Agregó que la presencia histórica y persistente de esos ingredientes han determinado y continúan manteniendo la situación de pobreza, discriminación e injusticia social, en la cual vive la mayoría de la población en Honduras.
Durante el 2016, el CONADEH atendió un total de 5 mil 444 denuncias de personas que se quejaron de ser víctimas de violaciones a los derechos civiles y políticos.
Según el informe, las denuncias más frecuentes que atiende el CONADEH están relacionadas con violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal ya que durante el 2016, atendió 5 mil 444 quejas, de las cuales, 2,178 están relacionadas con el derecho a la integridad personal.
Además, el CONADEH atendió 1,430 denuncias de hechos que pusieron en riesgo el derecho a la vida de las personas, para el caso, el 87% de las víctimas denunciaron que fueron objeto de amenazas a muerte.
El documento establece que de las 1,239 amenazas a muerte que este ente estatal atendió, durante el 2016, alrededor de 820 corresponden al departamento de Francisco Morazán, mientras que 333 al departamento de Cortés.
El CONADEH también atendió personas que fueron objeto de tentativa de asesinato, tentativa de homicidio, desaparición forzada e involuntaria, extorsión y de desplazamiento forzado.
El ombudsman hondureño declaró que el papel del Estado no solo es garantizar, proteger y respetar el derecho a la vida sino que todas las personas dispongan, como mínimo, del conjunto de medios necesarios para vivir con dignidad.
En los últimos años, Honduras ha sido reconocida negativamente por ser uno de los países con las más altas tasas de homicidios a nivel mundial.
Honduras reportó en el 2011 la mayor cantidad de homicidios en el país al registrarse una tasa de 86.47 por cada 100,000 habitantes cifra que se habría reducido a 58.75 en el 2016.
Impunidad
En el informe, el CONADEH expresa su preocupación ya que el Estado hondureño no dispone aún de la adecuada investigación para determinar la autoría directa o intelectual de los delitos. Se estima que nueve de cada diez delitos quedan en la impunidad.
“La impunidad que existe en el país, es una manera de negar el derecho a la verdad que tienen las víctimas, sus familias y la sociedad”, dijo Herrera Cáceres.
Indicó que la impunidad estimula la comisión de delitos y genera la ampliación de los espacios de violencia y la idea que el delito es algo tolerado por el Estado y la sociedad.
“La impunidad entorpece el goce efectivo de los derechos humanos en Honduras y la lucha contra ella debe ser una actividad constante y permanente”, expresó.
El número de hechos violentos que se registran anualmente, en el país, es un problema de interés nacional, acuciante, actual y que pone en riesgo la cohesión de toda la sociedad, apuntó.
En su criterio, es necesario tomar decisiones de tipo excepcional, enmarcadas en el respeto de los derechos humanos, para controlar las manifestaciones de violencia, extorsiones, asesinatos, homicidios, femicidios y las muertes múltiples.
Agregó que para atender las causas de esa problemática es necesario tener en cuenta consideraciones no solamente de protección policíaco-militar, sino que aspectos que tienen que ver con el combate a la pobreza, la discriminación y con la necesidad de abrir nuevas oportunidades para que la población viva dignamente.
Según la Ley Orgánica del CONADEH, este este ente estatal debe presentar, anualmente, ante el Congreso Nacional, un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país.
