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Según fuentes oficiales, en promedio de 40 pacientes son tratadas cada 24 horas en los principales centros asistenciales del país por aborto.
Aunque los registros del Centro de Derechos de las Mujeres revelan que un número entre 50,000 y 80,000 féminas le ponen fin a su condición de gravidez cada año.
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Este dato deriva en que mensualmente son practicados en Honduras entre 4,000 y 6,000 abortos. Esto es, entre 130 y 200 episodios de su naturaleza cada día.
No hay puntos de conciliación entre los grupos que están a favor del aborto en circunstancias especiales y los sectores que se oponen, porque consideran que se trata de un acto criminal.
Los diputados del Congreso Nacional esperan haber definido para la semana entrante una posición respecto al asunto de los embarazos interrumpidos.
Los legisladores tienen programado reunirse con todos los actores para escuchar sus valoraciones. Esto para entablar un diálogo responsable y maduro y obtener un consenso.
Las iglesias Católica y Evangélica, igual como organizaciones pro-vida se han pronunciado para condenar el aborto. Cualesquiera que sean los argumentos esgrimidos para tales prácticas.
“Aberración” y un “crimen abominable”
A juicio de estos segmentos de la sociedad, el aborto es una “aberración” y un “crimen abominable” en cualesquiera de las circunstancias en que se produzca.
Los colectivos que están a favor de la despenalización del delito sostienen que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo en razón de la salud reproductiva.
Su criterio es que les asiste a las mujeres el derecho a decidir sobre un embarazo no deseado, cuando ello pone en riesgo la vida de la madre o en situaciones en que el producto presente malformaciones que no son congruentes con la vida.
La Organización de las Naciones Unidas estima que una salida a las irreconciliables posturas alrededor del tema es la despenalización parcial de los embarazos malogrados.
La recomendación para Honduras es que se adopte la medida de la interrupción del embarazo en circunstancias especiales tal y como está contemplado en legislaciones de otros países como Guatemala y El Salvador.
