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El Conejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó este lunes el primer informe denominado “Prácticas erróneas en la Administración pública”, detectando irregularidades en la ejecución de fondos y rendición de cuentas sobre las transferencia del programa “Honduras Solidaria”.
En ese sentido, el CNA detalla las siguientes conclusiones:
El Consejo, considera que más allá de comentar sobre la valoración monetaria de las transferencias y ayudas brindadas por el Gobierno a las familias y hogares hondureños, mismas que consideran pocas o insuficientes, adverten una improvisación total y una falta de estrategias y políticas públicas orientadas a satisfacer adecuadamente las necesidades de la población.
De modo que, no poden obviar que los sacos solidarios son una ayuda populista que puede paliar las necesidades de la afligida sociedad hondureña, sin embargo, eso no tiene un carácter sostenible, y la ciudadanía requiere de alimentos diariamente, por tanto, a nuestro criterio, estos programas no son la mejor manera de abordar la problemática y no deberían tener una vigencia prolongada. Por consiguiente, el Estado debe preocuparse por crear estrategias eficientes a corto, mediano y largo plazo.
Es necesario denunciar la errónea definición de parámetros de abordaje de la pandemia, lo cual ha demostrado la ineptitud gubernamental en la mayoría de frentes abiertos, evidenciando así un colapso casi general, sobre todo a nivel sanitario y social. Asimismo, debemos recalcar que Honduras sufre esta situación desde hace muchos años, debido a la errónea asignación de recursos a áreas no prioritarias, por lo que consideramos necesario recordar a la sociedad que la salud y los problemas sociales educación, trabajo, seguridad alimentaria, etc.han sido rezagados por nuestros gobernantes, quedando así, lamentablemente, como carteras relegadas dentro del andamiaje presupuestario de nuestro país.
Ante el escenario descrito, lanza un llamado respetuoso, pero enérgico a las autoridades para que prioricen las necesidades reales de la población ¡Para eso está el Gobierno!
Sumado a lo antes citado, como ciudadanos desconocemos si las transferencias realizadas por el Gobierno central a las municipalidades fueron o no suficientes para soportar los gastos para hacer frente a las necesidades de la población, por causa de la pandemia. En talsentido, este silencio hace presumir que las corporaciones municipales estuvieron conformes con los montos recibidos y por ende, debieron ejecutarse en apego al Decreto Ejecutivo PCM 025-2020. De no haber sido así, podrían haber incurrido en infracciones de ley y faltas a la transparencia y rendición de cuentas. Estas decisiones deben documentarse debidamente con la motivación que se requiere para dar validez a todo acto administrativo.
Los datos y documentos disponibles en el portal, no cumplen a cabalidad con los criterios de calidad emitidos por el IAIP y la información publicada se caracteriza, en su mayoría, por un elevado índice de opacidad, por la falta de justificación y sustentación de las compras, donaciones y demás actividades emprendidas.
Se han adoptado decisiones y emitido resoluciones sin la debida motivación y con evidente incumplimiento de formalidades establecidas en la ley, generando vicios de nulidad de los actos y las medidas administrativas dictadas en el marco de la emergencia.
Existen contradicciones e inexactitudes trascendentales en la información reportada por las instituciones obligadas. Estas prácticas son frecuentes en la documentación que respalda las secciones correspondientes a compras, gastos y liquidaciones presupuestarias, pues es oportuno decir que, ante esta situación, creemos necesario advertir a los entes contralores del Estado sobre los efectos que puede representar para la adopción de las medidas preventivas y correctivas necesarias.
