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TEGUCIGALPA.El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), señala en su informe numero 10 denominado “La corrupción en tiempos del Covid-19”, equipo usado, erogaciones adicionales y riesgo biológico para pacientes y personal sanitario en los hospitales móviles adquiridos por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
El ente investigador resume los resultados de la investigación en las siguientes conclusiones:
De acuerdo al ingeniero biomédico del CNA, una máquina de anestesia tiene un ventilador en su interior, el cual puede ayudar a los pacientes a completar las funciones de inhalación y exhalación. Este dispositivo en general no es igual que un ventilador de UCI, dado que dichas máquinas son diseñadas exclusivamente para cirugías en salas de operaciones, mismas que no cuentan con un sistema que brinda seguridad para mantenerse sin supervisión durante largos períodos de tiempo. Estos equipos necesitan monitoreo continuo con personal altamente capacitado para operar de manera óptima. Estas características determinan la estructura y el modo de ventilación de las máquinas.
Con base en el cuadro comparativo efectuado entre ambos equipos, no se deben utilizar las máquinas de anestesia como sustitución de un ventilador mecánico. Las personas contagiadas de COVID-19 en estado crítico pueden estar internadas en sala UCI por semanas para lograr una mejora significativa, debido a que los gases del paciente en una máquina de anestesia son reciclados y se utilizan absorbentes de dióxido de carbono (CO2) que tienen una vida útil limitada, de lo contrario, se cambia la cal y esto puede causar daños al paciente, imposibilitando el uso diario del mismo durante semanas.
Según los hallazgos mostrados en el presente informe, las máquinas que se encuentran en el hospital móvil no se pueden considerar como un equipo nuevo, ya que estos aparatos no se encuentran en óptimas condiciones para su puesta en marcha, es decir, que no puede ser utilizado en otro hospital que sí tenga las condiciones para efectuar operaciones. Inclusive, por el hecho de haber sido fabricado desde el 2001. Actualmente, este material se encuentra descontinuado, por tanto, no es posible pensar en la idea de repararlos para su debido uso. A la vez, es importante destacar que el Estado Honduras no debe comprar instrumentaria médica usada, pues esas máquinas de anestesia no eran parte de lo que se había solicitado, debiendo el proveedor hacer el reembolso o cambio respectivo.
Se considera que este tipo de material contiene un alto nivel de riesgo biológico, debido a que son de segunda mano, generando una exposición a microorganismos que puedan dar lugar a nuevas enfermedades, motivadas por la actividad operacional tanto a pacientes como al personal médico en todas sus categorías. Las medidas de prevención ante esta amenaza irán encaminadas a impedir que las máquinas permanezcan por mucho tiempo en los centros de triaje móvil y proceder al aislamiento permanente, evitando así la transmisión del agente biológico.
Al carecer, estas unidades, de los ventiladores mecánicos para atender pacientes infectados por COVID-19 que requieran ser ingresados a una UCI, no podrán considerarse aptas para la atención debida de este tipo de personas, ya que por parte del CNA se sigue sosteniendo que estos módulos únicamente servirían como sala de triaje moderna y mucho más costosa que las demás.
Existe una alta probabilidad de que los directivos de Invest-H se vean en la obligación de instalar ventiladores mecánicos que estaban destinados para otros centros hospitalarios, ante la urgencia y demanda de poner en marcha estos dos triajes, por lo que una vez más, Inversiones Estratégicas estaría cubriendo sus irresponsabilidades, las del proveedor y el intermediario, producto de una negociación en contra de Honduras.
En relación con el tema de llave en mano, el CNA ya ha mostrado suficiente evidencia sobre este «compromiso» que por parte del proveedor no existe, pues el hecho de que no haya un contrato seguirá generando que el Estado de Honduras continúe erogando más fondos para intentar lograr que estas unidades que no son para atender pacientes con COVID-19, puedan, posiblemente, ponerse en marcha con una atención efectiva y de calidad para la población.
Siendo este el caso, como los doscientos diez monitores que arribaron hasta principios de agosto, y que sumaron a los gastos adicionales efectuados por el Gobierno el monto de cuatrocientos treinta y un mil quinientos dólares (USD 431,500.00), ya que se pagó por equipo que debía estar contemplado dentro del costo de los centros móviles ya pagados y no hacer un desembolso adicional por ellos, agregando el proveedor otro flete y seguro.
Es preocupante el hecho de que ya han transcurrido cinco meses desde el pago realizado por los supuestos hospitales móviles y que dos de ellos, ya en Honduras, todavía no puedan ser utilizados, porque no cuentan con el equipo necesario; mientras tanto, los cinco restantes se encuentran todavía en etapa de fabricación, obligando a las nuevas autoridades de Invest-H a generar otro gasto millonario para enviar a una comisión a cerciorarse si en efecto esos módulos existen y cumplen con las necesidades requeridas.
De la misma manera, es alarmante conocer que ahora la institución a cargo de dicho proceso, únicamente tiene comunicación con el gerente general de la empresa proveedora, y que el intermediario, Axel López, ya no responde por este gran problema que ha ocasionado el perjuicio de las finanzas y la salud pública del Estado de Honduras, después de que el señor, Marco Bográn, lo beneficiara con la suma de ochocientos cinco millones ciento setenta y un mil cuatrocientos setenta lempiras con cinco centavos (L 805,171,470.05).
