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El Gobierno de la República está realizando las investigaciones para verificar las diferencias en los documentos de compra de los hospitales móviles, informó el Ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
“Nosotros estamos pendientes de la investigación de esas diferencias, que en algunos casos son sustanciales, según informó el director de Aduanas”, expresó el funcionario.
Díaz, hizo mención que las autoridades de Gobierno mantuvieron una conversación con el director del servicio aduanero del país, y les hizo saber que había diferencias entre los documentos de embarque y las facturas de los dos hospitales móviles.
Expresó que cuando se refleja una diferencia entre los documentos, como el valor de la mercancía y lo declarado, en caso normal se presume que se pretende hacer un fraude al fisco, es decir ocasionar un daño a la economía no pagando impuestos, pero en este caso esos hospitales no pagan impuestos.
“Entiendo que hoy se va a enviar documentación al Ministerio Público y a la Procuraduría para que hagan las investigaciones, pero hay que aclarar que es una documentación que no la proporciona Invest-H, sino que es enviada por el proveedor”, manifestó.
Además, mencionó que a través de una comparecencia el Gobierno de la República fijó su posición, solicitando que se investigue y se verifique cuáles son esas inconsistencias, si hay dolo o mala intención.
“Reiteramos nuestra solicitud respetuosa a la Procuraduría General de la República y también a Invest-H para que analicen la documentación del cumplimiento de los contratos y las obligaciones contraídas por el proveedor con los restantes cinco hospitales”, agregó.
El Gobierno también ha solicitado a los órganos contralores que investiguen el caso y serán ellos mismo quienes verán la investigación de manera objetiva.
“Cuando se dice que tiene 2 millones de sobrevaloración, eso tiene que investigarse, nosotros no vamos a salir a pronunciarnos sobre ese tema, porque no nos corresponde, les toca a los entes contralores hacer esa investigación”, señaló Díaz.
Asimismo, indicó que antes de la pandemia, el presidente Juan Orlando Hernández le solicitó al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que intervinieran para que de manera concurrente fueran viendo el proceso de compra de los hospitales móviles.
“Así es que ellos están haciendo las investigaciones y esperemos que nos den los informes, ahí vamos a saber si hubo irregularidades como sobrevaloración y ver quiénes son los responsables para deducir responsabilidades”, señaló.
El Ministro, aseguró que el Gobierno está en total disposición de sentarse con todos los sectores a construir un nuevo plan de la red primaria pública de servicios de salud, luego el nivel secundario y después el tercer nivel con suficientes especialistas en diferentes áreas.
Con ayuda de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se generó un consenso para la nueva Ley de Salud, donde participaron todos los sindicatos y las organizaciones de salud y se estuvo trabajando durante varios meses para la construcción de la propuesta.
“Ya tenemos la nueva Ley de Salud consensuada en eso nos vino la pandemia, ya teníamos listo el evento para que el presidente Hernández la sancionara y se enviara al Congreso Nacional”, aseguró.
Expresó que las crisis traen oportunidades y esa oportunidad es para crear un espacio de consensos para construir nuevo sistema público de salud de manera inclusiva.
“Se ha argumentado que se quiere privatizar el sistema de salud, de ninguna manera, el Gobierno no lo ha propuesto y no tiene en la agenda la privatización, eso sería el peor error, ya que va en contra de nuestros principios”, expresó el funcionario.
