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TEGUCIGALPA. El presidente Trump ha despedido este sábado personalmente al más alto fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, que conduce una serie de delicadas investigaciones que implican al propio presidente y a su entorno, incluido su abogado personal, el polémico Rudy Giuliani.
Así se lo ha asegurado este sábado por carta al propio Berman el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en un insólito movimiento que culmina un extraordinario choque entre el Departamento de Justicia y uno de las fiscalías de distrito más importantes del país, con una histórica reputación de independencia respecto a Washington y un largo historial de lucha contra la corrupción, la mafia y el terrorismo.
La histórica batalla entre la Casa Blanca y la fiscalía de Berman, que llevó a prisión al exabogado de Trump Michael Cohen, revienta así en un aparatoso desenlace que probablemente conducirá a una compleja batalla judicial.
Barr ha asegurado que él mismo ha solicitado a Trump que despida a Berman, debido a que este se negó a abandonar voluntariamente su puesto después de que el Departamento de Justicia dijera el viernes por la noche que se disponía hacerlo y nombrara incluso a su sucesor.
En una carta remitida a Berman y difundida por el Departamento que dirige Barr, el fiscal general ha defendido que Berman “eligió el espectáculo público frente al servicio público”, y ha dicho estar “sorprendido y bastante decepcionado” por la decisión del fiscal neoyorquino de desafiar la decisión. “Como ha declarado usted que no tiene intención de dimitir, he pedido al presidente que le despida hoy, y así lo ha hecho”, dice la carta.
Añadiendo un elemento más de confusión a la trama, el propio Trump ha querido distanciarse de la jugada, y ha asegurado a los periodistas que la decisión “depende del fiscal general”. “Ese es su departamento, no el mío”, ha añadido, antes de zanjar: “Yo no he estado implicado”.
Berman ha asegurado que seguirá resistiéndose a su despido, que considera irregular, y que sus pesquisas no se detendrán. “Su comunicado de anoche parece insinuar que su continuidad en el cargo es necesaria para asegurar que los casos pendientes en el distrito Sur de Nueva York sean manejados de manera adecuada. Eso es obviamente falso”, le escribe Barr a Berman.
El enfrentamiento vuelve a poner el foco sobre los intentos del presidente de limpiar la Administración de figuras a las que no considera leales, y entrega nuevos argumentos a los demócratas, que llevan meses denunciando cómo, bajo la batuta de Barr, el Departamento de Justicia ha traicionado su necesaria independencia y se ha convertido en una mera arma política al servicio del presidente.
Todo empezó el viernes por la noche, cuando el Departamento de Justicia emitió un comunicado que aseguraba que el fiscal neoyorquino se disponía a abandonar su puesto. No ofrecía explicación alguna de los motivos que llevan al relevo en la Fiscalía del distrito sur de Nueva York, que definía como “una de las más significativas” del país.
Sencillamente agradecía a Berman el “excelente trabajo” que ha llevado a cabo con “tenacidad y destreza”. Anunciaba que, para sustituir al fiscal, que dejaba el cargo tras dos años y medio de servicio, el presidente Trump nominaba a Jay Clayton, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, jurista sin experiencia alguna como fiscal federal.
“No he dimitido, y no tengo intención alguna de dimitir”, declaró Berman horas después, pasadas las 23.00 (hora local). En un breve comunicado, Berman aseguraba haberse enterado de la decisión por una nota de prensa. Dijo que seguirá en su puesto “hasta que el nominado por Trump sea confirmado por el Senado”. “Hasta entonces, nuestras investigaciones seguirán adelante sin demora ni interrupción”, añadió. Este sábado por la mañana, como cualquier otro día, Berman ha acudido a la fiscalía. “Estoy aquí para hacer mi trabajo”, ha dicho, en un desafío a la competencia que se arroga Barr para destituirlo, pues fue designado para su puesto por los jueces federales y no por el presidente.
Sucede que Berman —que es republicano, contribuyó a la campaña presidencial de Trump y asumió su puesto durante su mandato— nunca fue designado oficialmente por Trump ni confirmado en el Senado, como dicta el protocolo habitual para los fiscales. Fue nombrado como interino por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, y cuatro meses después fue confirmado formalmente por los jueces del distrito, tal como alega en su comunicado del viernes por la noche.
No existe jurisprudencia concluyente del Tribunal Supremo sobre quién tiene la competencia para destituir a un fiscal nombrado por los jueces. Sí existe una resolución del Departamento de Justicia, de 1979, que sugiere que la competencia última en cualquier conflicto en un juzgado es del presidente, pero el hecho de que el propio Trump haya asegurado que no ha estado implicado en la decisión contribuye aún más al embrollo legal que se abre con esta insólita destitución o intento de destitución.
Berman y su equipo han realizado investigaciones de corrupción en el círculo íntimo del presidente que, por ejemplo, han llevado a prisión al exabogado de Trump Michael Cohen, por delitos de financiación ilegal de campaña y mentir al Congreso. Las turbias andanzas del actual letrado personal de Trump, el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, que estuvo al frente de esta misma Fiscalía sur de Nueva York entre 1983 y 1989, son también objeto de las pesquisas de Berman y su equipo. Lo mismo que los negocios de Lev Parnas e Igor Fruman, socios de Giuliani relacionados con la trama ucrania que llevó al impeachment de Trump. De la investigación de Cohen surgió, además, otra sobre las empresas del propio presidente.
Las purgas de Trump en la Administración se suceden desde que, el pasado mes de febrero, el Senado le absolviera en el juicio por su impeachment. Ha despedido a inspectores generales y a oficiales que declararon durante la investigación en la Cámara de Representantes. El pulso entre Berman y Barr constituye, además, un nuevo ejemplo de las tensiones que se han apoderado del Departamento de Justicia en los últimos meses, con insólitas intromisiones de Barr en procesos judiciales contra exmiembros del equipo de Trump, como Roger Stone y Michael Flynn, que han generado acusaciones de politización de la justicia.
Con información: El País
