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Ante la agravada crisis alimentaria que actualmente enfrentan habitantes de las comunidades indígenas tolupanas de la Tribu San Francisco Locomapa, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nuevas medidas de protección a favor de 18 miembros del MADJ que habitan en las comunidades.
Desde el año 2013 estas personas y sus familiares cuentan con medidas cautelares de protección otorgadas por la CIDH debido a la crítica situación de violencia que enfrentan por su lucha contra las actividades de extracción ilegal e inconsulta de madera en su territorio ancestral. Ahora, las organizaciones representantes solicitan a la CIDH que requiera al Estado hondureño que, sin demora, garantice su acceso a los derechos a la alimentación y a la salud para evitar daños a su vida e integridad física.
Esta solicitud se suma también al pedido de las firmantes hecho en septiembre de 2019 a este organismo para que requiera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adoptar medidas provisionales, las medidas de mayor nivel que otorga el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), ante una serie de hechos violentos, entre ellos, el asesinato de varios miembros de la comunidad, que se originaron por oponerse a la extracción de madera en sus territorios. Desde entonces, se ha argumentado que las comunidades tolupanas beneficiarias de medidas cautelares se encontraban en una situación de riesgo extremadamente grave que amerita la mayor protección del SIDH. Ahora, ante la crisis originada por el COVID-19, la emergencia es aún más grave y urgente.
En este sentido, en la comunicación dirigida a la CIDH para ampliar las medidas, se denuncian actos discriminatorios en contra de las personas beneficiarias por parte de autoridades estatales a la hora de hacer la distribución de ayudas alimentarias en las comunidades. Esto como represalia por su pertenencia al MADJ y a la oposición que han liderado hacia las actividades extractivas que llevan a cabo en su territorio. A pesar de que se interpuso un amparo por esta situación, aún no se ha garantizado su acceso a alimentos suficientes ni a atención de salud, lo cual les ha expuesto a una crisis alimentaria.
A ello se suma que en el territorio de la Tribu San Francisco Locomapa únicamente hay un centro de atención médica rural (CESAL), el cual está muy lejos de las casas de los y las habitantes de la Tribu y tiene continuamente serios problemas de abastecimiento de medicamentos y escasez de personal.
De acuerdo con las organizaciones, no hay datos oficiales que demuestren que el Estado haya tomado acciones concretas ni para fortalecer los centros médicos, ni para descartar una situación de contagio masivo en las comunidades, ni mucho menos para prevenir la propagación del virus o garantizar una respuesta rápida y diligente para mitigar los impactos si el contagio llegara a producirse. Asimismo, sostienen que esta situación aumenta la vulnerabilidad de las comunidades ante un posible contagio del coronavirus y aseguran que las personas beneficiarias y sus familiares ya han sufrido afectaciones en su salud.
Así, ante el inminente riesgo que implica la crisis alimentaria que atraviesan las personas indígenas tolupanas en el marco de la emergencia sanitaria, las organizaciones representantes solicitan a la CIDH que amplíe el objeto de protección de las medidas, con el fin de preservar los derechos a la alimentación y a la salud de las personas beneficiarias.
De igual manera, las organizaciones manifiestan su profunda preocupación por el incumplimiento de las presentes medidas por parte del Estado hondureño, situación que ha generado que la situación de riesgo se torne extremadamente grave y urgente.
Finalmente, las organizaciones esperan que la CIDH se pronuncie a la brevedad para otorgar las medidas que permitan garantizar la alimentación y salud de las personas integrantes del MADJ y reiteran su requerimiento al organismo para que solicite medidas provisionales ante la Corte Interamericana, con el fin de abordar y desactivar todas las fuentes de riesgo que actualmente enfrentan las personas beneficiarias que habitan en la Tribu San Francisco Locomapa.
