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Al finalizar el presente año, se experimenta un estancamiento en la reducción de homicidios en Honduras; tanto la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes, como el número de homicidios, no sufrieron los descensos acostumbrados en la última media década, todo lo contrario, inclusive sufrieron un leve incremento, lo que claramente rompe una tendencia a la baja que se había venido generando en los más recientes años.
Al 31 de diciembre de 2019, se registran 274 homicidios más que el año pasado; es decir que mientras en 2018, se presentaron 3,710 homicidios, en 2019 la cifra se elevó a 3,984.
Según datos oficiales puestos a disposición del público en el sitio de la Internet del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL – https://www.sepol.hn), de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, el promedio diario de homicidios al 31 de diciembre de 2019, fue de 10.92, mientras que el año pasado, en esa misma fecha fue de 10.16, y en 2017 fue de 10.53.
Salvo el primer trimestre del año 2019, en el cual hubo una reducción importante del número de homicidios con respecto a ese mismo periodo del año pasado, en el resto del año la tendencia fue al alza, especialmente en los meses de abril, mayo, agosto y octubre.
Para dirigentes de la sociedad civil se requiere diversificar las acciones en contra la violencia y criminalidad a fin de bloquear cualquier involución en materia de reducción de homicidios en Honduras.
“Si deseamos que de aquí en adelante la reducción del número de homicidios sea sustancial, así como ocurría en año anteriores, necesitamos diversificar las intervenciones que realizan las entidades que conforman el Sistema de Seguridad y Justicia en el país; es decir, seguir fortaleciendo las capacidades del Estado para reprimir el delito, pero también revertir la impunidad y atacar los factores causa de la violencia” señaló Omar Edgardo Rivera Pacheco, quien también es miembro de la Comisión especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras.
Rivera Pacheco, dijo que “se hace necesario una Estrategia Integral de Prevención de la Violencia, que atienda a los grupos colocados en situación de vulnerabilidad, tal es el caso de las niñas y niños sin programas de protección social, los jóvenes en conflicto con la Ley, las mujeres sometidas a la violencia doméstica, y a los integrantes de la comunidad LGTBI, entre otros”; asimismo, planteó la necesidad de “diseñar e implementar programas de resolución pacífica de conflictos sociales, violencia intrafamiliar, violencia escolar, riñas interpersonales y disputas en las comunidades de base”.
Según dato de fuentes oficiales, la mayoría de homicidios acaecidos en el país tienen como móvil del hecho asuntos relacionados a la convivencia y no –precisamente- de criminalidad.
Del mismo modo, el dirigente de la sociedad civil recomendó “elaborar y ejecutar una estrategia de combate a la impunidad, que implique la depuración, transformación y fortalecimiento integral de todas entidades del Sistema de Seguridad y Justicia en el país, tal es el caso de la Policía Nacional, Ministerio Público (MP), el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas”; añadió que “esto implicaría diversificar y volver equitativa la distribución de fondos ordinarios y extraordinarios destinados a todas las instituciones del Estado, especialmente de la tasa de Seguridad Poblacional”.
Omar Rivera propuso “darle continuidad al fortalecimiento de las unidades de inteligencia e investigación del Estado, y procurar una afinada coordinación, articulación y complementariedad en sus acciones, particularmente la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección General de Medicina Forense (DGMF) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII); y asignar mayores recursos a los entes operadores de justicia que tienen como mandato juzgar y sancionar a los transgresores de la Ley, especialmente al Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial”.
Declaró que “es indispensable, resolver algunas otras causas estructurales del problema de la violencia en Honduras, y para eso es necesario atender algunas otras causas estructurales del problema de violencia en Honduras, lo que implicaría implementar efectivos e innovadores programas que atiendan el problema de la pobreza, desigualdad y exclusión social; diseñar e implementar programas de generación de empleo y apoyo a emprendimientos, especialmente dirigidos a la mujer y a los jóvenes; y mejorar la cobertura y calidad a eficientes servicios públicos, tales como salud, educación y protección social”.
Si bien es cierto reconoció que se ha mejorado en los últimos años la relación de trabajo entre los diferentes operadores de seguridad y justicia en el país, es impostergable una mayor coordinación, articulación y complementariedad de la institucionalidad estatal a través de Consejo de Defensa y Seguridad y Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA).
Finalmente, Rivera, instó a recuperar la gobernabilidad de los centros penales del país pues desde ahí –según su opinión- se ordenan muchos asesinatos; “está claro que con la permisibilidad que muchos privados de libertad tienen para comunicarse desde las cárceles ordenan operaciones de sicariato y eso impacta en el número de muertes violentas en el país; yo espero que las restricción de comunicación propias de los recintos penitenciarios ahora si se cumplan a través de la intervención que está haciendo FUSINA en todas las prisiones de la nación”.
