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TEGUCIGALPA. De acuerdo a fuentes del Poder Judicial hondureño, un tribunal de sentencia decidió postergar la audiencia preliminar que estaba prevista para el miércoles con Roberto David Castillo, uno de los implicados en el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016.
Según informó la fuente, hasta el momento la audiencia fue pospuesta para otra fecha que no fue precisada, esto atendiendo una solicitud de la defensa de Roberto David Castillo, en donde el tribunal que ventila el caso ha accedido de común acuerdo entre las partes a posponerla para otro día, que será anunciado en su momento.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), del que la ambientalista asesinada era una de sus fundadores y coordinadora general, había convocado a diversos sectores para que asistieran al tribunal para que siguieran la audiencia preliminar “en este proceso por la búsqueda de justicia por nuestra compañera Berta Cáceres”.
Pospuesta a petición de la defensa
La reanudación de la audiencia, que de nuevo ha sido pospuesta a petición de la defensa de Castillo, dará paso al juicio oral contra el acusado, un ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
El pasado día 10, Bertha Zúniga, hija de la ambientalista asesinada, reveló en Guatemala la vinculación con actividades criminales del único autor intelectual procesado por el crimen de su madre, Roberto David Castillo.
Zúniga explicó en una conferencia de prensa que la participación de Castillo, actualmente en prisión preventiva, quedó al descubierto en un dossier llamado “Violencia, corrupción e impunidad en la industria energética hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, presentado el 30 de agosto pasado por organizaciones de derechos humanos con sede en Estados Unidos y Bruselas.
Berta Cáceres fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, en el occidente de Honduras.
El día del crimen, Berta tenía como huésped al ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido de bala en una oreja.
Por su muerte violenta, en noviembre de 2018 la justicia de Honduras declaró culpables de asesinato y tentativa de asesinato a siete de los ocho acusados.
