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En el marco del proceso iniciado el 24 de agosto por la Comisión Especial Multipartidaria, integrada por diputados al Congreso Nacional de la República con la finalidad de llevar a cabo la selección y nombramiento de los funcionarios que integrarán el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), y a fin de evitar las crisis postelectorales que a lo largo de los últimos procesos comiciales se han generado, con lamentables pérdidas de vidas humanas, una enraizada polarización en el pueblo hondureño y una generalizada desconfianza ciudadana en la institucionalidad estatal, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, se pronunció en los siguientes términos:
- Falta de garantías de transparencia y rigurosidad. La ASJ rechaza la opacidad aplicada en el seno del Poder Legislativo para la conformación de tan importantes órganos estatales, cuyos miembros deberán encarar el próximo proceso de elecciones, bajo una institucionalidad debilitada por viejas componendas políticas.
Entre algunos ejemplos de dicha opacidad, cabe indicar que no se hicieron públicos: el reglamento del proceso de nominación de la Comisión Multipartidaria y los currículos vitae de los y las postulantes en el portal del Congreso Nacional. Tal como lo ha manifestado el Instituto de Acceso a la Información Pública en su resolución SE-2004-2015, el Congreso Nacional está en la obligación de proteger y garantizar el “derecho de todas las personas, sin excepción alguna, de acceder a la información concerniente a la trayectoria personal y profesional de las y los ciudadanos que sean considerados para ocupar altos cargos en la estructura del Estado”.
Dentro de los aspectos de rigurosidad que le quitan integridad al proceso, se encuentra que no se solicitó que los postulantes del RNP tuviesen que presentar titulación universitaria como requisito, a pesar que para el CNE y TJE sí se ha pedido, creando suspicacia de beneficiar a ciertos postulantes. Asimismo, no se publicaron los criterios de evaluación para las tres etapas del proceso (evaluación curricular, audiencias e idoneidad), dejando a la discrecionalidad la ponderación de las evaluaciones, sin que la población tenga la certeza que las personas escogidas han sido las mejores evaluadas.
- Tradicional repartición de cargos. Contrario a lo que conviene al país, los diputados al Congreso Nacional se aprestan a reincidir en el inveterado vicio de repartirse estas instituciones cual botín político, alejándose de procedimientos que privilegiaran el cumplimiento del principio de idoneidad, igualdad ante la ley, el derecho político protegido por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de “tener acceso en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”.
Esto representa volver a cometer el mismo error que la clase política viene acarreando y que ha contribuido a continuas denuncias de fraudes, violencia política y muertes, las cuales a dos años de las elecciones generales de 2017 continúan en la impunidad y ningún partido político ha hecho nada por asegurar justicia.
- Necesidad de un proceso exhaustivo y participativo dado el contexto político. La trascendencia de este proceso de selección requiere la práctica de estrictos mecanismos de evaluación y verificación, incluyendo la revisión de antecedentes y desempeño profesional, pruebas de confianza y una verificación exhaustiva del patrimonio y vinculación con actores y organizaciones del crimen organizado y narcotráfico de los y las postulantes, tomando en cuenta los sendos casos de corrupción y acusaciones de vinculaciones con el narcotráfico que han tenido políticos hondureños en los últimos años.
La inexistencia de plazos razonables para la sustanciación de cada etapa que permita la valoración de los candidatos, la ligereza con la que se ha produjo en dos días la evaluación de las hojas de vida de los más de 100 personas autopropuestas y la realización de audiencias públicas a 45 personas en tres días, solo evidencia que el proceso ha sido una mera formalidad para ocultar una transacción de los partidos políticos para repartirse el “pastel electoral”.
- El resultado será desconfianza en el proceso electoral. Las inconsistencias arriba mencionadas solo abonan al cuestionamiento de un sistema de elección que lejos de fortalecerse, generará desconfianza y hartazgo por parte de la población. La falta de transparencia y rendición de cuentas en este proceso dejará nuevamente un mal sabor de boca entre los hondureños, en una sociedad que exige cambios tangibles en su calidad de vida y que, debido al fracaso de la clase política de atender sus grandes problemas de pobreza, desempleo, seguridad y corrupción, ha optado emigrar en cientos de miles.
Las malas decisiones tomadas en la conducción de este proceso y las que vendrán con la aprobación de las muy necesitadas leyes electorales, pondrán en riesgo el adecuado manejo de los comicios de 2021 y sin duda, la legitimidad del gobierno electo. Si los violentos hechos de 2017 se repiten, con decenas de personas muertas y centenares de ciudadanos heridos, daños a bienes públicos y saqueos a la empresa privada, la población hondureña, sin duda, podrá identificar la causa de tales resultados.
