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Comerciantes, transportistas, conductores y maestros, entre otros sectores, figuran en la lista de ocupaciones y profesiones con un nivel elevado de riesgo de desplazamiento forzado interno debido a los hechos de violencia ocasionados por el pago de extorsión exigido por grupos criminales, según un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).
El documento establece que la extorsión es una de las principales y constantes actividades de los grupos criminales que ocasiona el desplazamiento de las personas, debido a la endeble gobernabilidad del Estado en zonas dominadas por estos individuos.
Según la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del CONADEH, de las 861 quejas atendidas a nivel nacional, en el 2018, se vieron involucradas directa e indirectamente alrededor de 2,241 personas, cuya vida se encontraba en riesgo, de los cuales un 57.4 por ciento en situación de desplazamiento.
Un recuento de los hechos ocurridos en los años 2017 y 2018 establece que el CONADEH atendió 1549 denuncias en las que se vieron involucrados directa o indirectamente casos de riesgo de vida o ser víctima de desplazamiento unas 3,665 personas.
Entre las personas que denunciaron ante el CONADEH encontrarse en riesgo o ser víctimas de desplazamiento figuran, amas de casa, comerciantes, estudiantes, docentes y transportistas.
Transportistas realizan una labor de alto riesgo para sus vidas
De las 861 quejas atendidas por el CONADEH en el 2018, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno determinó que alrededor del 5% corresponden a personas ligadas al rubro del transporte entre los que se encuentran propietarios, conductores, ayudantes e incluso pasajeros que son víctimas de los delincuentes.
Algunos transportistas se quejan de ser víctimas de tres y hasta cuatro grupos criminales que cobran el llamado “impuesto de guerra” y que cuando no se llega a ningún acuerdo con ellos, al siguiente día la amenaza la pagan los conductores o los ayudantes.
Añaden que se han “acostumbrando” a vivir bajo ese esquema porque no encuentran ningún tipo de respuesta en las autoridades encargadas de la seguridad en el país,
Algunos familiares incluso han mencionado que a su propia casa han llegado a asesinar a un esposo, hijo o familiar que trabaja en este rubro.
En las últimas horas, unidades del transporte público han sido escenario de hechos violentos en los que perdieron la vida al menos tres personas, entre ellos dos conductores y un pasajero, además otras que resultaron heridas.
Urge avanzar en la lucha contra la impunidad
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, condenó los hechos violentos y urgió hacer un frente común, además de establecer acciones concertadas entre la sociedad y el gobierno contra la violencia.
Es necesario tener asideros firmes y llegar a establecer líneas concretas de acción entre sociedad y Estado, más que seguir haciendo simples exhortaciones, declaró.
Indicó que cada vez que se pierde la vida de una persona es necesario ver también la situación en que quedan sus familiares, particularmente los niños.
El Ombudsman hondureño destacó la necesidad de un acercamiento directo entre el más alto nivel de seguridad y toma de decisiones del Estado con los mismos transportistas, porque se supone que de ambos lados hay información y, en ese sentido, evitar que la impunidad continúe, porque la misma fomenta la reiteración de este tipo de delitos.
Estamos recomendando persistentemente que hay que avanzar en la lucha contra la impunidad porque la misma genera la reiteración y casi alimenta y estimula la comisión de nuevos delitos, reiteró.
En su criterio, es necesario identificar y detener a los autores materiales e intelectuales porque urge dar ejemplos categóricos hasta llegar a la judicialización y hasta la sentencia correspondiente.
Añadió que se debe tomar en cuenta que el problema no solo afecta a los transportistas, sino que también a los mismos pasajeros.
Recomendó que es necesario hacer esfuerzos conjuntos entre sociedad y gobierno para que haya también un sistema de denuncia que sea muy confiable por parte de la ciudadanía y que haya un sistema de seguimiento en los casos denunciados en forma tal de poder contrarrestar el delito en el país.
