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TEGUCIGALPA. En el sonado caso Caja Chica de la Dama, iniciaron las conclusiones, por su parte el Ministerio Público solicita al Tribunal respectivo en el caso de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, la fiscalita está pidiendo de 81 a 128 años de prisión por 8 los delitos de fraude que llevan una pena entre 6 a 9 años de cárcel cada uno, 3 delitos por malversación de caudales públicos y uno por lavado de activos en total 81 años como mínimo.
De acuerdo al Código Penal, el delito de fraude es penado con reclusión de entre seis a nueve años y la de malversación de caudales públicos de tres a seis años, mientras que el delito de lavado de activos es castigado de 15 a 20 años de prisión según el decreto 45-2002 de la Ley de Lavado de Activos.
Asimismo, se solicitó sentencia condenatoria a Mauricio Mora y Saúl Escobar, por ocho delitos de fraude, uno de lavado de activos y uno de confabulación para lavar activos como cooperados, por lo que la pena para ambos imputados seria de 69 a 102 años de reclusión.
La Fiscalía concluyó que la exprimera dama cometió fraude emitiendo cheques provenientes desde la cuenta del Despacho de la Primera Dama a ocho personas naturales.
Las ocho personas son Alex Salomón Romero Fong, Dauryl Daniel Guerrero Ramos, Orvin Naun García Flores, Glenda Patricia Valle, Damián Soto, Ireska Beatriz Valle Oliva, Germán Chávez Cruz y Luis Manuel Esquivel por una cifra de seis millones 096 mil 424 lempiras.
Los fiscales señalaron que estas personas naturales no eran zapateros, ni proveedores que no tienen bases de datos de la Oficina Nacional de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
La Fiscalía aseveró que la imputada cometió delito de malversación de caudales públicos apropiándose de 12 millones 272 mil 051 lempiras con 52 centavos de la cuenta del Despacho de la Primera Dama trasladándolos a una cuenta personal que apertura el 22 de enero de 2014.
“Incorporó fondos públicos a su patrimonio personal”, exclamó la fiscal.
Los 12 millones 272 mil 051 lempiras con 12 centavos fueron distribuidos en 45 cheques, de las cuales 20 eran para personas naturales, siete para personas jurídicas y uno para Casa Presidencial como devolución.
Sobre los delitos
La Fiscalía demostró que los imputados cometieron delito de lavado de activos a través del llamado “Método de Pitufeo”, es decir, lavaron dinero en pocas cantidades.
“Es la utilización de varias personas naturales en la que les emiten varios cheques en cantidades menores para introducirlos en el sistema financiero evitando un reporte de operación sospechosa”, dijeron los fiscales.
Por otra parte, las defensas de los acusados presentaron previamente un recurso de recusación arguyendo que los jueces del Tribunal de Sentencia vertieron opiniones en una publicación de un medio impreso.
El Tribunal lo declaró sin lugar arguyendo que no reunía los requisitos necesarios para la recusación.
