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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, repudió la violencia excesiva y desproporcionada por parte de autoridades policiales, así como el comportamiento violento de personas que se aprovechan abusivamente de las manifestaciones pacíficas.
El Ombudsman hondureño se refirió en esos términos luego de analizar los hechos ocurridos la noche del miércoles, cuando un joven de 17 años perdió la vida por herida de bala en la cabeza, en la ciudad de Choluteca, mientras participaba en una manifestación junto a otras personas que protestaban frente a un canal de televisión, donde se enfrentaron con agentes policiales que custodiaban el lugar.
La víctima, identificada como Wilfredo de Jesús Moncada, fue remitido al Hospital del Sur, pero debido a la gravedad de su herida fue trasladado al Hospital Escuela de Tegucigalpa, sin embargo, en el trayecto perdió la vida.
Los manifestantes provocaron daños en las instalaciones del Hospital del Sur y ocasionaron terror entre los pacientes, algunos de los cuales intentaron huir del lugar, además provocaron daños en instalaciones privadas.
Ombudsman condena muerte de joven manifestante y pide que crimen no quede impune
El Defensor del Pueblo, condenó el hecho violento y se solidarizó con los familiares del joven ultimado, al tiempo que recordó a las autoridades encargadas de aplicar la Ley, su obligación de actuar conforme a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
Indicó que el CONADEH investiga de oficio la lamentable muerte del joven y que inició las diligencias pertinentes, para que las autoridades correspondientes cumplan con las funciones de investigación de este lamentable hecho, de forma seria y efectiva.
Comentó que la impunidad continúa siendo un problema de país, que repercute especialmente en los más desfavorecidos, afecta la paz social y es más evidente cuanto se violenta el derecho a la vida, situación que frustra las expectativas y oportunidades de justicia y desarrollo en el país.
Se estima que más del 90% de los crímenes contra la vida quedan impunes por falta de investigación diligente, eficaz y científica y se les niega a las víctimas su derecho a conocer la verdad.
Recuerda que todo acto de violencia implica responsabilidad
El Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar y respetar el derecho a la vida como un deber ineludible, igual deber de respeto tiene la sociedad, ya que es una obligación supranacional establecida en diversas convenciones internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales.
Al Ministerio Público les exhortó a investigar, requerir y deducir las responsabilidades penales contra él o los responsables del crimen cometido contra Moncada.
Indicó que los manifestantes, deben ejercer pacíficamente su derecho y evitar que personas inescrupulosas y violentas pongan en peligro la vida e integridad de terceras personas o destruyan la propiedad pública y privada.
Además, reiteró a los cuerpos de seguridad del Estado que deben velar por el orden público y evitar el uso inmoderado de la fuerza.
Recordó que todo acto de violencia que ponga en riesgo la integridad física y la vida de personas, así como la destrucción de bienes públicos y privados, implica responsabilidad penal, de cualquiera de las partes y se exponen a ser sometidos ante los tribunales de justicia.
Finalmente, declaró que los cuerpos de seguridad del Estado deben tener presente que su primera obligación constitucional es proteger y respetar los derechos humanos de la población y que, en esa dirección, deben orientar sus estrategias y procedimientos operacionales en relación con las manifestaciones y protesta social.
