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El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) verificará el uso indebido de vehículos del Estado durante la Semana Santa, en días y horas inhábiles, los que incurran en dicha falta serán objeto de sanciones establecidas en leyes vigentes.
El llamado se efectúa previo al inicio de la Semana Mayor, por lo que del sábado 13 al domingo 21 de abril de 2019 son considerados días inhábiles; durante el período está prohibida la circulación de vehículos del Estado, salvo explícitas excepciones.
El Decreto 135-94, y los Acuerdos Ejecutivos No 303 y 00472, prohíben el uso de vehículos propiedad del Estado en días y horas inhábiles, en labores ajenas a las funciones que desempeña, para el traslado a sus casas de habitación o lugares donde realicen gestiones particulares, como el circular sin placas ni con los emblemas en las puertas laterales con la leyenda “Propiedad del Estado de Honduras”.
Se exceptúan casos por servicios públicos de emergencia o seguridad, como ambulancias de la Secretaría de Salud y del Cuerpo de Bomberos, vehículos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), del Comité Permanente de Contingencias (Copeco), la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los que cuentan con permisos especiales.
El Tribunal Superior de Cuentas, en coordinación con la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y las Fuerzas Armadas, efectuará operativos en los ejes carreteros del país, a fin de constatar el uso indebido de vehículos estatales durante la Semana Mayor.
Quienes desobedezcan las regulaciones establecidas en las leyes antes descritas serán objeto de sanciones, que además del decomiso del vehículo, se impondrán multas mínimas de 5,000 lempiras.
Asimismo, la autoridad administrativa devendrá obligado a aplicar las disposiciones contenidas en la Ley de Servicio Civil o Código del Trabajo, las que incluyen audiencias de descargo que implicarían suspensiones o destitución del cargo.
Al ejecutar los operativos de control el Tribunal Superior de Cuentas cumple el mandato legal de velar por el correcto uso de los bienes y recursos del Estado.
