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Por intermedio de la Secretaria de Derechos Humanos se presentó en el Congreso Nacional, una iniciativa de Ley encaminada a prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas forzadamente en Honduras.
Así lo informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, quien además reveló que entre el 2004 y el 2018 fueron desplazadas forzadamente unas 250 mil personas.
Acompañamos a la Comisión Interinstitucional en este ejemplo importante de trabajo perseverante, durante más de dos años, que se cristaliza con la presentación, por intermedio de la Secretaría de Derechos Humanos, de la iniciativa de Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente, ante este poder del Estado, declaró.
En su intervención, el Ombudsman hondureño recomendó, al Congreso Nacional, que priorice en su agenda legislativa, el trámite y discusión de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
Indicó que el desplazamiento forzado es una realidad, en Honduras, que atenta contra la dignidad de la persona humana, la cual, Estado y sociedad, están obligados a salvaguardar.
Agregó que consciente de esa realidad, el CONADEH con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), puso en funcionamiento, desde el 2016, la Unidad de Desplazamiento Forzado, para dar mayor visibilidad pública de este problema social, capacitar, prevenir y contribuir a atenderlo.
Desde el 2016, a la fecha, esa Unidad atendió alrededor de 2,515 casos que implican a unas 6,007 personas, de las cuales 665 son menores de 18 años.
De acuerdo a las denuncias atendidas se ha verificado que las causas prevalecientes del desplazamiento forzado son las amenazas a muerte, los asesinatos y las extorsiones, entre otras.
Los recientes hallazgos indican que entre el 2004 y el 2018 (15 años), se calcula que alrededor de 250.000 personas se desplazaron forzadamente, en Honduras.
Este fenómeno que se produce “gota a gota” va en aumento y es deber del Estado de Honduras, prevenirlo y evitarlo y, en todo caso, proteger los derechos humanos de las personas desplazadas y sus familias, declaró el Defensor del Pueblo.
Añadió que una de las formas más estables y estratégicas de prevenir, proteger y encontrar soluciones durables, es contar con una ley idónea para ello.
El 4 de marzo recién pasado, el Ombudsman hondureño, participó, en Ginebra, como panelista principal en el “Taller sobre el papel de las Instituciones Nacionales de derechos humanos en la prevención de condiciones que conducen al desplazamiento forzado”, invitado por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ACNUR y OACNUDH.
En dicho foro se recordó, el reconocimiento del Estado de Honduras, desde el 2013, de los desplazamientos forzados internos y que ello requiere de respuestas desde una perspectiva de seguridad humana y humanitaria, para lo cual se creó la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia.
Como titular del órgano constitucional creado, por el Estado, para garantizar los derechos humanos de los habitantes de Honduras, espero “se tenga presente que el Estado hondureño tiene la obligación y la responsabilidad primaria de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos”.
Declaró que cualquiera sea la complejidad del debate legislativo, lo importante es que se mantenga siempre lo esencial de una ley apropiada que es, contar con los recursos presupuestarios adecuados y las soluciones estratégicas para prevenir y evitar las condiciones que conducen al desplazamiento forzado.
Expresó que el CONADEH proseguirá con las actividades de identificación, prevención y atención de las personas afectadas, así como con la difusión y empoderamiento social de la estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible: “Municipios de Bienestar Solidario”.
Estrategia promovida por el CONADEH y que tiene un enfoque preventivo integral que favorece las condiciones adecuadas de seguridad y bienestar para el arraigo de las personas en sus comunidades municipales.
El Ombudsman hondureño reiteró su llamado para que el Congreso Nacional priorice en la agenda legislativa, el trámite y discusión de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente”.
