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Un juez dictó en audiencia de declaración de imputado, detención judicial al Sargento Segundo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), Denis Omar Cáceres Ramírez.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) acusa a Cáceres Ramírez, por el delito de asesinato en perjuicio del ciudadano David Octavio Quiroz Urrutia.
EL hecho -según la Fiscalía- ocurrió el 15 de diciembre del 2017 en las manifestaciones públicas después del proceso electoral.
La audiencia inicial se señaló para el próximo viernes 29 de marzo, a las 10:00 de la mañana.
De acuerdo a las investigaciones del Ministeerio Público (MP), todo aconteció en el sector de Guacamaya, Cortés, cuando un grupo de pobladores se habían tomado la vía a eso de las 6:00 de la mañana.
Uno de ellos era justamente el señor David Octavio Quiroz Urrutia, quien junto a su esposa se manifestaban en contra del resultado del proceso electoral.
En ese mismo lugar estaban controlando la manifestación 64 miembros del tercer batallón de la PMOP, entre ellos el Sargento Segundo Cáceres Ramírez , que “con su fusil marca Galil serie 431161124 disparó contra la humanidad de Quiroz Urrutia, de inmediato sus compañeros de protesta lo trasladaron al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, sin embargo, éste falleció horas después”, informó el MP.
Con los hechos anteriores cometidos por el imputado se subsume, a criterio de los Fiscales de la Fiscalía Especial de Delitos Contra La Vida (FEDCV), el tipo penal de asesinato, regulado en el artículo 117 del Código Penal vigente, siendo el grado de participación del encausado a título de autor según lo establece el artículo 32 de la misma ley.
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El Sargento Denis Omar Cáceres Ramírez fue capturado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y por determinación judicial la Detención Judicial la cumplirá en las celdas del tercer batallón de la PMOP.
Informe
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Acnudh) divulgado en marzo de 2018 establece que “por lo menos 22 civiles y un agente de la Policía Nacional murieron durante las protestas” en el período electoral.
El documento detalla que, del total, al menos 16 de las víctimas, entre ellas dos mujeres y dos niños, murieron violentamente a causa de balazos efectuados por las fuerzas de seguridad.
El informe documenta también las muertes de 15 personas, entre los que “figuran candidatos políticos, consejeros municipales y activistas”, en el período anterior a las elecciones de noviembre.
Destaca que miembros de los cuerpos de seguridad de Honduras, en particular de la Policía Militar, “utilizaron una fuerza excesiva, incluso letal, para controlar y dispersar las protestas que estallaron tras las controvertidas elecciones presidenciales”.
El diálogo nacional en Honduras finalizó en diciembre del año pasado sin acuerdos para resolver la crisis política surgida a raíz de que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, cuyo candidato presidencial fue Salvador Nasralla, no reconoció las elecciones de noviembre, en las que Juan Orlando Hernández fue reelegido, aduciendo fraude.
El proceso se instaló con la participación de representantes del Ejecutivo y del gobernante Partido Nacional; del opositor Partido Liberal, y de Nasralla, que no reconoce a Hernández como presidente.
La Constitución de Honduras, que data de 1982, no permitía la reelección bajo ninguna modalidad, pero un fallo de la Corte Suprema de Justicia, de 2015, dejó abierta esa posibilidad, que es rechazada por la oposición política
