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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), recomendó hoy al gobierno de Honduras ubicar la crisis alimentaria como un tema principal en su agenda, ya que cada año la sequía afecta a más de 170,000 familias en el país, principalmente las que habitan en los municipios del llamado “corredor seco”.
Roberto Herrera Cáceres, titular del CONADEH, expresó que las políticas y acciones a implementarse, en el 2019, deben estar orientadas a atender las necesidades y desafíos que la magnitud del problema demanda.
Indicó que la crisis alimentaria que anualmente se vive, en Honduras, vuelve impostergable la necesidad de adoptar medidas inmediatas y urgentes para la protección integral de los derechos humanos asociados a las condiciones de vida de la población.
“Hemos tenido la experiencia de los años precedentes en cuanto a las consecuencias y sabemos que son las mismas que podemos sufrir inclusive con mayor intensidad este año, por no haber atendido las medidas de prevención en tiempo oportuno”, acotó.
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En su criterio, es necesario llevar a cabo medidas de prevención y evitar seguir pensando solo en la mitigación.
Indicó que en este tipo de situaciones los más afectados son los niños que ya están sufriendo el embate de la sequía.
El Defensor del Pueblo destacó la importancia de movilizar a todas las comunidades con anticipación, prepararlas, orientarlas y educarlas sobre lo que se viene por la sequía.
Recomendó preparar todos aquellos espacios que permitan reducir el impacto y, sobre todo, tener medidas que verdaderamente incidan en el hecho de que la sequía no va a seguir siendo un mal público de las dimensiones que se tienen actualmente.
Más de 170 mil familias afectadas
A mediados del 2018, el gobierno hondureño emitió un decreto ejecutivo con el propósito de atender, de forma integral, alrededor de 170,300 familias perjudicadas por el irregular comportamiento de las lluvias y la baja precipitación pluvial que afecto la productividad en el sector agrícola, principalmente en el corredor seco
Se estima que, durante ese año, unos 145 municipios del país, fueron afectados debido a la disminución de las lluvias causada por la canícula que dejó como saldo daños leves y severos en muchas zonas del país.
Al menos 74 municipios donde habitan alrededor de 65,500 familias resultaron afectados severamente, razón por la cual, fueron atendidos con la entrega del bono de seguridad productiva para la siembra de postrera
Otras 51,800 familias, que residen en 34 municipios, fueron afectadas en un nivel moderado, mientras que, en 37 municipios, su nivel de deterioro fue leve, no obstante, se requería de la asistencia para unas 53,000 familias.
Municipios de La Paz e Intibuca entre los afectados por la sequía
En el 2018, departamentos como La Paz e Intibuca resultaron seriamente afectados por la sequía.
Para el caso, en el departamento de la Paz, se estima que el 90% de los 19 municipios tuvieron problemas de seguridad alimentaria, principalmente los que se encuentran en el corredor seco y son fronterizos con El Salvador.
En este departamento, los municipios más afectados fueron Santa Elena, Yarula, Santa Ana, Opatoro, Mercedes de Oriente, Aguantequerique, Cabañas, Lauterique, San Antonio del Norte, Chinacla, siendo los únicos municipios no afectados La Paz (cabecera departamental) y Cane.
Se estima que solo en el departamento de La Paz fueron atendidas 9,662 familias con presencia en 442 aldeas.
En caso de Intibuca, resultaron afectados siete de los 17 municipios que conforman ese departamento, es decir, que alrededor de un 41% que sufrió los efectos del fenómeno de la canícula del 2018.
Los más afectados son los municipios que están en el corredor seco fronterizos con El Salvador, Santa Lucia, San Antonio, Camasca, Concepción, Colomoncagua, San Marcos de la Sierra y Magdalena. En este departamento fueron atendidas 4,459 familias.
Expertos han vaticinado que el fenómeno del niño traerá serias consecuencias en Honduras, en el 2019, de allí la preocupación del Ombudsman hondureño.
La seguridad alimentaria y nutricional, es entendida como el estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna y permanente del acceso a los alimentos que necesita en -calidad y cantidad- para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles a las personas un estado de bienestar que contribuya al desarrollo humano.
