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El Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) presentaron hoy el informe “Propuestas para el sistema de justicia penal hondureño en el tratamiento y gestión de causas de alto impacto social y corrupción”, que indaga en el funcionamiento práctico del sistema de justicia penal del país, realizando un énfasis en el tratamiento de las causas de alto impacto social y corrupción.
El estudio plantea recomendaciones concretas para el sistema y sus operadores y operadoras, indispensables para contar con una mejor institucionalidad en el país para la lucha contra la corrupción.
Y, al mismo tiempo, que sea respetuosa de los derechos de las personas imputadas y víctimas.
El Vocero de la MACCIH-OEA, Luiz Marrey manifestó que “este informe para el sistema de Justicia Penal trata temas clave sobre el estado de la justicia y recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad para perfeccionar el sistema de justicia en Honduras”.
El Director Ejecutivo de CEJA, Jaime Arellano, explicó que el análisis realizado para el informe revela “la necesidad de garantizar la independencia de los jueces y la autonomía de los fiscales del Ministerio Público para garantizar un Estado democrático de derecho y la adecuada persecución penal de los crímenes de corrupción en el país”.
Este informe es un componente sustancial del artículo 4 del convenio firmado entre la OEA y el gobierno de Honduras para la instalación de la MACCIH en el país.
Sobre el informe
Con el objetivo de analizar el sistema de justicia penal hondureño –tanto su jurisdicción ordinaria como su jurisdicción con competencia territorial nacional- y por encargo de MACCIH, CEJA realizó una investigación empírica durante el año 2018 comprendiendo a los departamentos de Atlántida, Copán, Cortés y Francisco Morazán.
Este estudio analiza aspectos tales como la transparencia del sistema de justicia, los modelos de organización y procesos de trabajo de las instituciones, la oralidad y el sistema por audiencias, los derechos de la persona imputada, los derechos de la persona víctima del delito, la independencia de las instituciones, entre otros, son abordados en esta investigación.
Propuestas para el sistema penal hondureño
Eje 1: Recomendaciones para las instituciones que conforman el Estado de Honduras en su conjunto: Aborda problemas sistémicos del Estado hondureño y que repercuten en el funcionamiento del sistema de justicia penal en materia de transparencia, estadísticas y registro de datos, así como también la actual regulación del enriquecimiento ilícito.
1. Fortalecimiento de un sistema integrado de registro, almacenaje y gestión de estadística en las instituciones públicas.
2. Fortalecimiento de la transparencia de las instituciones y rendición de cuentas en las instituciones públicas.
3. Fortalecimiento del Sistema de Registro de Personas y del Sistema de Registro Penal.
4. Fortalecimiento en la persecución del enriquecimiento ilícito.
Eje 2: Recomendaciones para la regulación del proceso penal y la participación de los intervinientes en audiencias:
Analiza la regulación normativa del proceso penal y la participación de los intervinientes en las audiencias, planteándose recomendaciones para litigantes y judicatura.
1. Reformular las audiencias previas al juicio oral y las actuaciones que se sustancian en ellas.
2. Mejorar los estándares de litigación de fiscalía y defensa y delimitar el rol del juez o jueza en la conducción de las audiencias de juicio oral.
3. Fortalecimiento de la oralidad y la publicidad en el sistema de justicia penal.
4. Creación de nuevos estándares y un nuevo sistema de notificaciones.
Eje 3: Recomendaciones para los sistemas de gestión de las instituciones del sistema de justicia penal: Aborda la situación del Ministerio Público, del Poder Judicial y de la Defensa Penal Pública.
1. Fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia penal Promover la profesionalización de la labor jurisdiccional, separada de las labores administrativas y de gobierno del Poder Judicial.
2. Promover la creación de una Defensa Penal Pública autónoma.
3. Reestructuración orgánica del Ministerio Público, fortalecimiento de los sistemas de gestión y de la persecución penal.
Eje 4: Recomendaciones para el respeto de los derechos de la persona imputada en el sistema de justicia penal en lo referente al derecho a la defensa, a la información y el uso de medidas distintas a la prisión preventiva.
1. Mejora de los estándares en materia de derecho a la información de la persona imputada.
2. Mejora de los estándares en materia de derecho a la defensa de la persona imputada.
3. Fortalecimiento de medidas distintas a la prisión preventiva y un adecuado control del cumplimiento de las mismas.
Eje 5: Recomendaciones para el respeto de los derechos de la persona víctima en el sistema de justicia penal: Analiza la situación de la víctima del delito en donde se advierte la necesidad de posicionarla como un real interviniente en el proceso, así como también promover su participación y derechos.
1. Creación de una red de instituciones integrada por diversas instituciones que aborden temas de víctimas.
2. Consolidar una sólida unidad de orientación, atención y servicios a la víctima en el Ministerio Público.
3. Promover una participación activa de las víctimas durante el curso del proceso como interviniente.
4. Consolidar procesos de trabajo con observancia del respeto a la dignidad de las víctimas de violencia de género y LGBTIQ+.
