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Cientos de personas exigieron castigo para los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres.
La excoordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a los 44 años en la medianoche del 2 de marzo del 2016.
Más de 400 personas, entre indígenas y negros de ocho etnias hondureñas, activistas de derechos humanos y ambientalistas llegados de una decena de países de América y Europa rindieron homenaje a Cáceres.
La ambientalista había denunciado que ejecutivos de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) la amenazaban de muerte.
Cáceres realizaba movilizaciones indígenas la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio del pueblo Lenca.
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Siete personas, incluido un ejecutivo de DESA, fueron condenadas por el asesinato, cometido por pistoleros que entraron a la casa de Cáceres en La Esperanza.
Los jueces hondureños “condenaron a los gatilleros pero faltan los autores intelectuales que no han sido capturados”, denunció Austra Berta Flores, de 86 años, madre de Cáceres.
Según Flores hay pruebas de que el presidente ejecutivo de DESA, David Castillo, y grandes empresarios socios de la compañía pagaron por el asesinato. Castillo está preso pero no ha sido condenado.
En la sentencia los jueces establecieron que ejecutivos de la empresa pagaron cerca de 4,000 dólares y dieron la pistola a los sicarios.
Los asistentes se comprometieron con discursos y aplausos a seguir “el camino de Berta”, una visión “anticapitalista, “antirracista”, “antipatriarcal” y en defensa de la naturaleza y de la vida.
