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La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) exigió al gobierno de Honduras investigar los asesinatos de defensores de derechos humanos.
“Hacemos un llamado al Estado para que investigue los hechos de violencia y considere como línea prioritaria su condición de defensores de derechos humanos. Exigimos que estas investigaciones sean acordes con el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares internacionales de debida diligencia”, indicó Cejil en un comunicado.
Los indígenas tolupanes Salomón y Juan Samael Matute, padre e hijo, respectivamente, fueron “asesinados por defender el bosque” el domingo pasado en el departamento norteño de Yoro, dijo este martes a periodistas en Tegucigalpa Ramón Matute, hermano del primero.
Cejil manifestó su “preocupación en torno al reciente estallido de violencia en Honduras contra personas defensoras de derechos humanos”, el cual incluye el asesinato de los dos indígenas tolupanes integrantes del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).
“Su situación de riesgo ya había sido informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó medidas cautelares a 18 miembros del MADJ y sus familiares en 2013, entre ellos Salomón Matute”, añadió el Cejil.
La organización también criticó al Estado hondureño por practicar una “política de criminalización a personas defensoras, que, además contribuye a generar impunidad para quienes perpetran violencia en su contra”.
“Es inadmisible que la defensa de derechos humanos sea sinónimo de estigmatización y muerte”, apuntó el Cejil.
Como ejemplo de ello, puso que 32 personas que han sido criminalizadas por defender su derecho al agua y al medio ambiente, en oposición al desarrollo de un proyecto minero en la comunidad de Guapinol.
“Estos hechos se dan en vísperas del tercer aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos y de la tierra Berta Cáceres, y dan cuenta de la deuda del Estado hondureño para garantizar el derecho a defender derechos humanos”, afirmó la organización.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente y de la tierra, según informes de Amnistía Internacional y la organización no gubernamental “Global Witness”.
El secretario general adjunto de la ONU para los Derechos Humanos, Andrew Gilmour, instó en julio de 2017 a Honduras a aumentar la protección de las personas defensoras en el país.
Tras concluir su visita a Tegucigalpa, Gilmour expresó en un informe su preocupación por “la violencia que enfrentan con valentía los defensores de los derechos humanos”.
Además, exhortó a los funcionarios hondureños a ver a los defensores de derechos humanos “como aliados y agentes útiles de cambio”.
