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Más de 30 países leyeron un comunicado conjunto a la Alta Commisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, expresando su preocupación por la crisis en Nicaragua, en especial por el “uso desproporcionado de la fuerza, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas”.
La intervención conjunta, presentada en el marco del 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también insta al gobierno de Daniel Ortega a retomar el diálogo nacional.
“Exigimos el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza, los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones ilegales y arbitrarias, la negación del acceso a servicios médicos, la violación a las libertades de asociación y expresión pacíficas, la criminalización de defensores de los derechos humanos, periodistas, estudiantes y manifestantes”, indica el pronunciamiento suscrito por países de América y Europa.
La carta es suscrita por Argentina, Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, Rumania, Reino Unido, Países Bajos, Paraguay, Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, República Checa, Luxemburgo, Estonia, Malta, Croacia, Eslovenia, Irlanda, Lituania, Bulgaria, Suiza, Chipre, Letonia, Islandia, España, Portugal.
“Instamos a reactivar el diálogo nacional en Nicaragua, en un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles”, continúa la intervención conjunta.
En diversas entrevistas ofrecidas por Ortega a medios internacionales, ha dicho que el diálogo nacional instalado el pasado 16 de mayo “no funcionó” y ahora promueve lo que califica como “un diálogo de familia a familia y de pueblo a pueblo”, sin brindar detalles.
Ortega también ha rechazado los señalamientos de represión o abusos en contra del Estado de Nicaragua.
– Michelle Bachelet es la Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos. EFE/END –Anoche mismo, durante el acto de 39 aniversario de fundación de la Policía de Nicaragua, el nuevo jefe de esa institución, Francisco Díaz, sostuvo que los oficiales “nunca han atacado” a los protestantes, sino que hicieron “uso legítimo de la fuerza” para quitar los tranques y barricadas.
Los organismos defensores de los derechos humanos han acusado a la Policía de Nicaragua de reprimir las protestas.
Por otro lado, las naciones que dirigieron la carta a Bachelet también condenaron la decisión del gobierno de Ortega de dar por teminada la presencia en Nicaragua de misión de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
La ONU emitió un fuerte informe sobre la crisis en Nicaragua, condenando al Estado por una serie de abusos.
La expulsión de la misión de la ONU “representa un retroceso en los esfuerzos que viene realizando la comunidad internacional a fin de ayudar a encontrar una salida a la crisis. Instamos al gobierno de Nicaragua a retomar el diálogo y la cooperación con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Oficina de la Alta Comisionada”, pidieron los países.
También llamaron a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU a informar al Consejo de Derechos Humanos “con miras a defender y proteger los derechos humanos en Nicaragua”.
La crisis en Nicaragua arrancó el pasado 18 de abril, dejando hasta el momento un saldo de entre 200 y más de 450 personas muertas, según informes del propio gobierno de Ortega y de organismos locales e internacionales defensores de los derechos humanos.
La difícil situación ya ha sido objeto de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde se analiza si el tema debe formar parte de su agenda.
Además, en la OEA este miércoles habrá una sesión para analizar la crisis de Nicaragua.
La OEA ya creó un grupo de trabajo cuyo propósito es ayudar a solucionar la crisis de Nicaragua, pero el gobierno de Ortega la ha rechazado y ha dicho que no permitirá su ingreso a este país.
