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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que los defensores de derechos humanos en Honduras enfrentan “una situación de extremo riesgo”.
La Comisión pidió al Estado “luchar contra la impunidad” en esos ataques y realizar “investigaciones serias, independientes y transparentes”.
“Se registran importantes avances en institucionalidad en materia de defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo la aprobación de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, indicó la CIDH en su informe al concluir una visita de una semana a Honduras.
La Ley de protección crea el Mecanismo Nacional de Protección, y la creación de la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, añade.
La Comisión Interamericana observa que los defensores de derechos humanos “continúan enfrentando una situación de extremo riesgo debido a la permanente violencia, criminalización y difamación a la que están expuestos”.
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“Si bien la CIDH advierte que desde 2016 la cifra de asesinatos a defensoras y defensores en el país ha disminuido significativamente, las cifras globales de agresiones en los últimos años son preocupantes”, señala el informe.
Enfatizó que Honduras debe “luchar contra la impunidad de los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos, lo cual implica la realización de investigaciones serias, independientes y transparentes para identificar a los autores intelectuales y materiales, procesarlos y garantizar una reparación adecuada”.
Advirtió sobre el importante rol que tendrá en la temática la nueva Fiscalía Especial para la protección de Defensores de Derechos Humanos.
En ese sentido, la CIDH hizo un llamamiento al Estados de Honduras a “dotar de presupuesto a la brevedad posible a esta unidad y a avanzar en la elaboración de protocolos especializados de investigación de crímenes contra defensoras y defensores de derechos humanos que sirvan de apoyo a la labor de esta nueva fiscalía”.
La CIDH manifestó, además, su preocupación por “la práctica de criminalización de personas defensoras de derechos humanos”.
Indicó que durante su gira en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela y el Bajo Aguán (norte) recibió de representantes de sociedad civil y defensores “múltiples testimonios que refieren al uso de tipos penales como usurpación, injurias y calumnias, atentado, o la amenaza de presentar demandas civiles en su contra como método para obstaculizar la defensa de derechos humanos”.
“La Comisión observa que el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”, señala el documento.
Reiteró que el Estados de Honduras “debe evitar que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos”.
“El Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones judiciales se someta a juicios injustos o infundados a las defensoras y defensores de derechos humanos”, destaca el informe.
