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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó la parsimonia del gobierno de Honduras para investigar los crímenes y la violencia surgida después de las elecciones generales del 26 de noviembre de 2017, por un supuesto fraude por el Partido Nacional.
La Comisión dijo que debe “avanzar de manera diligente e imparcial” en las investigaciones de los responsables de la violencia postelectoral.
“Debe asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral en conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”, indicó la CIDH en su informe preliminar sobre su visita, esta semana, al país centroamericano.
Respecto al “conflicto postelectoral”, la CIDH “observó que persiste un clima político polarizado”.
Señaló en su informe que “dada la percepción pública sobre la falta de legitimidad de las elecciones, se generaron protestas que fueron reprimidas mediante un uso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza”.
La oposición política no reconoce las elecciones del 26 noviembre, en las que fue reelegido el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, aduciendo que hubo fraude.
La CIDH indicó que “en la represión también participaron las Fuerzas Armadas, en contradicción con los estándares interamericanos en la materia”.
“En un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas”, cita el informe preliminar.
El documento destaca que la respuesta del gobierno de presidente Hernéndez a las protestas tuvo como consecuencia que al menos 22 personas fueron asesinadas, centenares resultaron heridas, incluidos agentes de las fuerzas de seguridad, y más de 1.000 fueron detenidas, de las que muchas denunciaron malos tratos durante la captura y posterior privación de libertad.
Además, se reportaron denuncias por allanamientos ilegales de vivienda por parte de elementos de fuerzas de seguridad.
“Considerando lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza, la CIDH lo concibe como un recurso último que pretende impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal”, subraya el informe.
La Comisión enfatizó que el uso de la fuerza debe ser caracterizado por la excepcionalidad y satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
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