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Miembros del Comité de Patronatos de La Unión, Copán se reunieron con los personeros del gobierno para reclamar la protección de miles de puestos de trabajo que están en riesgo por una toma de miembros de una ONG que tiene paralizadas las operaciones de la empresa Minerales de Occidente.
Los representantes de comunidades en las que viven unas 3 mil personas pidieron el desalojo de quienes han invadido la zona de exploración de la mina.
La petición la hicieron en una junta desarrollada en las últimas horas con el ministro de Justicia y Gobernación, Leonel Ayala.
A la cita asistieron el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres y el ministro de Defensa, Fredy Díaz.
También estuvieron representantes de las centrales obreras y del sindicato de trabajadores de la empresa MINOSA, así como sus ejecutivos.
La toma se ha mantenido durante dos meses, sin que las autoridades ordenen desalojo.
Javier Trigueros, presidente del Comité de Patronatos dijo que son siete las personas en la toma y aseguró que no representan a las comunidades.
Dijo que estas personas están asesoradas por la Asociación de Organizaciones No Gubermamentales de Honduras (ASONOGH).
En ese orden, precisó que la toma atenta contra los intereses de la comunidad, que depende del empleo que la mina genera.
Por su parte, el presidente del sindicato de la mina, Fernando Trigueros explicó que la toma ya tiene consecuencias fatales.
Trigueros expuso que tres mil empleos directos e indirectos están en riesgos porque la empresa no puede operar normalmente.
A la reunión estaba invitado un representante del Ministerio Público,en virtud de que es esa institución la que debe ordenar el desalojo, pero no asistió ningún fiscal.
Es por eso que solicitaron una reunión de urgencia con el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, a quien le piden que defienda su derecho al trabajo y al desarrollo comunitario.
