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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló su preocupación ante la “falta de transparencia y legitimidad” en el proceso de elección y nombramiento del fiscal general en Honduras, que terminó con la reelección de Óscar Chinchilla.
El ente hizo un llamado de atención sobre el hecho de que se escogiera a Chinchilla, pese a que no participó en el concurso público, y ni siquiera figuraba en la nómina presentada por el Congreso.
“Seguir adelante con este nombramiento a pesar de las irregularidades del proceso es un precedente preocupante para la independencia judicial y debilita la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad del país”, denunció el Cejil en un comunicado de prensa.
Según dijo el Centro por la Justicia, el procedimiento utilizado es contrario a lo estipulado en la Ley del Ministerio Público y la Constitución Política de Honduras, en donde se indica que el fiscal general debe ser electo de una nómina de cinco candidatos que presente una junta proponente.
El Parlamento de Honduras reeligió el pasado viernes como fiscal general a Chinchilla, quien asumirá el 1 de septiembre su segundo período, de cinco años, luego del fallido intento del jueves pasado, cuando no se logró la mayoría calificada de 86 votos de los 128 diputados que integran el Legislativo.
El Cejil también reveló que entre las personas que decidieron sobre quién será el jefe del Ministerio Público se encuentran miembros del Congreso que actualmente son investigados por actos de corrupción.
“Esto implica un claro conflicto de interés que debió ser revisado y corregido a tiempo, a fin de preservar la legitimidad del proceso (…) A esto se suma la falta de participación de la sociedad civil en el proceso, lo que incumple con los estándares internacionales en la materia”, destacó el Centro por la Justicia.
Expresó que el rol del fiscal general es fundamental “para el acceso a la Justicia, la preservación del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, y la defensa de los derechos humanos”, por lo cual, la “persona elegida debe demostrar un compromiso irrefutable con la investigación de violaciones de derechos humanos y la lucha contra la corrupción”.
“Independientemente de la persona electa, recordamos que el Estado de Honduras debe cumplir con su obligación de investigar de manera pronta y exhaustiva las violaciones de derechos humanos, incluyendo aquellas cometidas en el marco de la crisis política y contra personas defensoras de derechos humanos”, cita el texto.
