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TEGUCIGALPA. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó ante el Ministerio Publico una nueva línea de investigación que involucra a la desaparecida Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), por la otorgación de contratos fraccionados, dejando un perjuicio económico de 104 millones de lempiras en contra de la administración pública.
La titular del CNA, Gabriela Castellanos, detalló que en su momento la institución puso a disposición 24 contratos, de los cuales 17 fueron pagados por un monto de más 104 millones de lempiras.
Solo el 5 de octubre del año 2010 las autoridades de la Soptravi efectuaron la adjudicación de ocho contratos fraccionados a la empresa antes descrita para la pavimentación de concreto hidráulico calles ubicadas en los municipios de Tocoa, Colón, pormenorizó.
Según con la investigación del CNA, los montos totales de contratos fraccionados de manera dolosa llegaron a sumar un mismo día más de 13 millones de lempiras.
También se constato que los montos no sobrepasaban la cantidad de 1.7 millones de lempiras con la intención de no llegar a un total de 1.8 millones de lempiras que ya en este momento mencionaba las disposiciones generales del Presupuesto de la República.
Asimismo se confirmó que estos proyectos se deberían ejecutar en el mismo lugar del casco de Tocoa Colón, pero no fue así lo que demuestra un claro fraccionamiento en los contratos.
Evidente acto de corrupción
La investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción demuestran que la mayoría de las obras no se ejecutaron por lo que se confirmó un evidente acto de corrupción.
Todo apunta a un caso de planificación para el concierto previo y de mala fé por parte de los representante de la Dirección General de Carreteras, la cual certificó la falsa ejecución de los contratos de pavimento con la cooperación de personal perteneciente a dicha dirección, argumentó.
De igual forma, dentro del esquema de participación se determinó la colaboración de dos empresas más, las cuales prestaron su nombre para acreditar la realización de los proyectos que en realidad nunca fueron ejecutados y que fueron pagados con fondos públicos.
La entrega de contratados resulta ser un delito de fraude en perjuicio de la administración pública a través de prácticas en el aprovechamiento de sus funciones y de actos cargos ostentados por los funcionarios y de la liquidada institución.
