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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (ACNUDH) pidió combatir la pobreza y la desmilitarización de la seguridad pública al gobierno de Honduras.
Asimismo, en un informe, destacó las violaciones de esas garantías en Honduras después de las elecciones de noviembre de 2017.
“Los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Policía Militar de Orden Público, hicieron un uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas” surgidas después de las elecciones del 26 de noviembre de 2017, lo que “provocó violaciones del derecho a la vida y a la integridad física”, señala el ente de la ONU en su informe 2017 sobre los derechos humanos en Honduras.
El informe, presentado en Tegucigalpa, señala que la ACNUDH considera que los derechos humanos deben ser abordados “en forma destacada” en el diálogo convocado por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que fue reelegido en los comicios, “si se quiere lograr un progreso sostenible hacia la paz social, el desarrollo y la democracia” en el país.
La representante adjunta de la ACNUDH, Silvia Lavagnoli, dijo en la presentación que en las protestas por un presunto fraude murieron “22 civiles y un agente de policía”, mientras que 1.351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre pasado, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción que se declaró el primer día de ese mes.
Señaló que la ACNUDH espera que Honduras realice “investigaciones prontas, efectivas, independientes y transparentes sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos” durante la crisis postelectoral y que “las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo y una reparación”.
El excandidato presidencial de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, quien no reconoce los resultados de las elecciones, asegura que él ganó los comicios y que le hicieron fraude.
Según la ACNUDH, el goce de los derechos humanos “está condicionado” al género y grupo étnico de las personas, y señaló que los sectores menos favorecidos son los que “más sufren la violencia, el desplazamiento y la falta de acceso a la seguridad, la justicia, la atención a la salud, la educación y otros servicios”.
“Los resultados de las elecciones ilustran las barreras que las mujeres y los grupos marginados, como los pueblos indígenas, siguen enfrentando para participar en la vida política”, destaca el documento.
Los desafíos de derechos humanos de Honduras “están profundamente arraigados”, por lo que “será esencial el reconocer el fuerte vínculo entre la violencia, la inseguridad y los altos niveles de pobreza, la desigualdad y exclusión, así como posicionar la igualdad y la no discriminación en el centro de los esfuerzos nacionales”, indicó el informe.
Represión
En 2017 el Gobierno hondureño “continuó aplicando un enfoque de seguridad de mano dura centrado en la represión del delito, que incluye la participación de los militares en la seguridad pública”, destaca el informe.
“Los mecanismos de derechos humanos han expresado reiteradamente su preocupación por el papel desproporcionado de los militares en las funciones de seguridad pública”, señaló.
La ACNUDH señaló que le preocupa que los resultados en la reducción de la violencia en Honduras “podrían no ser sostenibles si las políticas de seguridad no integran plenamente un enfoque centrado en la prevención y la rehabilitación y abordan las causas estructurales de la violencia”.
Indicó, además, que la impunidad continúa siendo “un problema estructural que afecta al pleno disfrute de los derechos humanos”, y reiteró la importancia de “avanzar rápidamente” en el establecimiento de “una estructura de gobierno independiente para el Poder Judicial”.
La ACNUDH instó a Honduras a asegurar que todo uso de la fuerza se desarrolle “en sujeción a los estándares internacionales” y a desarrollar “un diálogo nacional participativo sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación”.
