Envío de remesas con tendencia a disminuir por fin del TPS

TEGUCIGALPA. Son modestas las proyecciones de crecimiento de las remesas enviadas por los emigrantes hondureños que residen en Estados Unidos.

El Banco Central estima que al término de 2018, la cantidad de divisas giradas por los compatriotas que viven en Estados Unidos se incrementarán en apenas cuatro por ciento, frente a un alza de 12 por ciento registrada en 2017.

El impacto financiero que tendrá la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 50 mil connacionales se ha contabilizado en 300 millones de dólares.

La determinación del Gobierno de Donald Trump de no prorrogar la vigencia del TPS también traerá consecuencias mayores de naturaleza social.

Honduras enfrenta una carrea contra el tiempo para preparar la reinserción de los tepesianos. En torno a ellos se han avizorado dos caminos: Su emigración a una categoría de indocumentados o su inclusión dentro de un esquema de permanencia legal.

Analistas en materia de relaciones exteriores han señalado que el término del TPS es parte de una política de defensa y de seguridad de Estados Unidos.

Han cuestionado estos expertos que durante los veinte años que estuvo en vigor el Estatus de Protección Temporal, las autoridades de Honduras debieron haber creado condiciones para que los compatriotas pudieran retornar a un terreno con oportunidades válidas de desarrollo.

Otros sectores han hecho hincapié en la necesidad de apresurar la elaboración de una estrategia encaminada a compensar la caída en el ingreso de divisas. Y es que las remesas constituyen el 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de Honduras.

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Visión crítica

El momento es oportuno para generar una visión crítica sobre la actitud de brazos cruzados que tomaron los gobiernos hondureños en dos décadas durante las cuales estuvo desplegada la sombrilla del TPS, a juicio de entendidos que desempeñaron cargos de cúpula en la Cancillería.

Defensores de Derechos Humanos, de su lado, son del criterio que Honduras tiene que intensificar las acciones encaminadas a cortar el flujo de la emigración forzada y, asimismo, facilitar el retorno de los compatriotas que serán excluidos del TPS.

El Estatus de Protección Temporal llegará a su fin en 2020. Queda por recorrer un camino de 18 meses. La cuenta regresiva transcurre a toda prisa.