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“El presidente Hernández hizo un ejercicio legítimo del veto” en el caso de las reformas a la Ley de Privación de Dominio, afirmó la extitular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vilma Morales.
Agregó que la decisión del mandatario hondureño al vetar las reformas a la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes Ilícitos fue “muy respetuosa”, porque “fundamenta y sustenta la misma en la Carta Magna”.
Morales, actual miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, aseguró que el Congreso Nacional “no consideró la necesaria opinión de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de que esta reforma toca códigos del país”.
Por lo tanto -destacó Morales- era “importante solicitar la opinión de la CSJ en el marco del artículo 219 constitucional”.
Principio de legalidad
Morales afirmó que era necesaria la revisión de las reformas y que el veto se produjera en el estricto respeto al principio de legalidad que debe imperar en un Estado de Derecho.
“Ningún poder del Estado podría arrogarse potestades de otro poder del Estado para el ejercicio de la atribución que constitucionalmente tiene”, expresó.
Para finalizar aseguró que la decisión del Poder Ejecutivo de vetar estas reformas es una acción congruente y que “esto mantiene posiciones firmes en el combate de la delincuencia organizada y el combate ante la corrupción”.
