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El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, recomendó este miércoles aplicar los principios de publicidad y transparencia en las diferentes etapas del proceso de escogencia de los aspirantes a Fiscal General y Adjunto, cuya nómina será remitida al Congreso Nacional para su elección.
El también miembro de la Junta Proponente, destacó la importancia de seguir avanzando en la aplicación de los principios de publicidad, transparencia y divulgar los currículos que presenten los aspirantes, por todos los medios sociales posibles para que la población tenga la posibilidad de presentar objeciones, plenamente documentadas.
Sostuvo que lo importante es que exista transparencia en las diferentes etapas del proceso, de tal manera, que la sociedad, en general, esté plenamente informada de todo lo que está ocurriendo.
Herrera Cáceres considera que se debe abrir el acceso a los medios de comunicación para que puedan transmitir objetivamente todo que está aconteciendo.
Además, instó a la ciudadanía, en general, le dé seguimiento de veeduría social a la elección de los titulares de una institución, como el Ministerio Público, que tiene la mayor responsabilidad de velar porque la justicia corresponda a sus propias aspiraciones como pueblo.
Según el ombudsman hondureño, los miembros de la Junta Proponente deben estar claros y lo suficientemente empapados de la gran responsabilidad que tienen de seleccionar a los abogados que van a desempeñar una de las funciones más importantes dentro del Estado, como es la que corresponde a la dirección del Ministerio Público.
Indicó, que tanto el Fiscal General del Estado como el Adjunto, deberán ser personas de reconocida idoneidad moral y ética, firmeza y con el valor suficiente para hacerle frente y resistir las amenazas y peligros que debe enfrentar en el cargo.
Lo que nosotros necesitamos es mostrar la mayor unidad en torno a la selección del mejor abogado o abogada en el sentido de la idoneidad, no solo por sus antecedentes sino también por sus conocimientos, su ética y comportamiento, así como por su valor para hacerle frente a todas las amenazas que provienen del ejercicio de tan alto cargo, expresó.
Agregó que lograr un perfil ideal, es encontrar todos aquellos requisitos que garanticen que las condiciones necesarias para el desempeño y el logro de la finalidad y objetivos del Ministerio Público, van a ser satisfechas.
Ante esta situación, indicó que lo idóneo será escoger un abogado o abogada que tenga señalada y reconocida actitud moral, rectitud y honestidad.
Además, que tenga conocimiento de lo que constituyen los lineamientos o parámetros internacionales del sistema democrático de derecho y su firme sustentación en la protección y el respeto de los derechos humanos.
El Fiscal General del Estado y el Fiscal Adjunto, son cargos importantes para el país, ya que tendrán bajo su responsabilidad, la titularidad del Ministerio Público, una entidad del Estado que tiene la obligación de investigar y judicializar las denuncias de la comisión de todo tipo de delitos.
En el último proceso realizado, por la Junta Proponente, en agosto del 2013, participaron para aspirar al cargo de Fiscal General y Adjunto, 52 profesionales del derecho que se autopropusieron, lista que luego se redujo a 47, de los cuales, únicamente llegaron 38 a las entrevistas establecidas en el Salón de Examen de Notario de la Corte Suprema de Justicia.
En la etapa final del proceso de selección sólo quedaron cuatro miembros de la Junta Proponente, ya que se retiraron de las sesiones el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos y el representante de la APJ, Carlos Hernández.
La Junta Proponente convocada y presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia estará integrada por un magistrado nombrado por el pleno de ese poder del Estado, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un representante de las universidades públicas y privadas que funcionan en el país, un representante del Colegio de Abogados, un representante de las organizaciones que integran la Alianza por la Paz y la Justicia y el CONADEH.
