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Los integrantes de una una coalición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) llamada la Plataforma Ciudadana por Honduras -La Plataforma- se reunieron este lunes con el Fiscal General de la República, Óscar Fernando Chinchilla para conocer las ejecutorias, logros y resultados del Ministerio Público (MP), en los últimos 4 años y medio, y los retos que enfrenta la institución a futuro.
Tras la reunión Pedro Aguilar, coordinador de La Plataforma y presidente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras (FACACH) expresó que están satisfechos de ver las mejoras implementadas en el Ministerio Público, a la vez que evidenció la importancia de su fortalecimiento a través de un mayor aporte presupuestario.
“Nos vamos inquietos al conocer que ni el cinco por ciento de la Tasa de Seguridad es dirigido al presupuesto del Ministerio Público por lo que solicitamos a las autoridades pertinentes dar un mayor apoyo a la institucionalidad del Ministerio Público, urge fortalecerlo”, indicó Aguilar.
Gerardo Aguilar, asesor del Consejo Nacional del Transporte (CNT) y miembro de La Plataforma, reafirmó que el propósito de la organización es fortalecer las instituciones para lograr la transformación del Estado. “En el caso del Ministerio Público, que sea más efectivo, se realicen más avances y haya mejores resultados. Nos llena de inquietud que una nueva administración venga a descontinuar estos procesos y que de alguna manera no se avance en la medida de lo que requiere el pueblo hondureño”.
La Plataforma Ciudadana por Honduras, es una coalición de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y movimientos sociales, iglesias, instituciones académicas, gremios empresariales, cooperativas y otras iniciativas del sector social de la economía, centrales obreras y campesinas, y asociaciones de pobladores y patronatos, busca coadyuvar a la consecución de los grandes acuerdos que faciliten el bienestar de los hondureños, la consolidación de la paz, democracia y gobernabilidad de la nación. Asimismo, La Plataforma, impulsa la adopción de políticas públicas que permitan garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos.
