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El gobierno suspendió los trámites y entrega de los recursos del Fondo de Desarrollo Departamental hasta que sus procedimientos y reglamentos estén contemplados.
Así lo informó la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, a través de una nota girada por instrucciones del Poder Ejecutivo.
Tábora indicó que por “instrucciones del señor Presidente de la República abogado Juan Orlando Hernández se les instruye no iniciar ninguno de los trámites, ni desembolsos de las solicitudes del Fondo de Desarrollo Departamental, hasta que los procedimientos y reglamentos de gestión y liquidación del Fondo de Desarrollo Departamental estén completados”.
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“Procedimientos y reglamentos fortalecerán la transparencia y rendición de cuentas” de los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Departamental, señala el documento.
Corrupción
El Ministerio Público (MP) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) acusaron a cinco diputados de desviar recursos de dicho fondo a cuentas personales. Además la MACCIH adelantó que existen más de 60 parlamentarios hondureños que drenaron los fondos, entre los cuales está el actual presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva.
Tras la revelación de la MACCIH de la “Red de Diputados”, el Congreso aprobó en La ley de Presupuesto 2018, un artículo donde otorga competencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para que investigará por tres años el manejo de los fondos, lapso en el cual el Ministerio Público, ni otras instancias podrían realizar acusaciones contra los imputados.
Al respecto, la MACCIH denunció que la medida quitaba poder al MP y a los tribunales de justicia para realizar acciones contra los diputados involucrados en actos de corrupción, ya que la reforma a la Ley les brinda impunidad.
El vocero de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, quien fue más allá y acusó al Congreso de haber cambiado la redacción del artículo, ya que variaba lo que se publicó en La Gaceta y lo aprobado en el hemiciclo legislativo.
Diversas instancias de la sociedad civil, iglesias, empresariales, así como los gobiernos de Estados Unidos y Canadá llamaron a los diputados a derogar el artículo que según la denuncia promueve la impunidad.
