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El Congreso Nacional aprobó el decreto que amplía el plazo de vigencia de la Comisión Especial para el Proceso de Transformación y Depuración de la Policía Nacional.
Durante la vigencia extendida por 12 meses más, colaborarán en el proceso de transición de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).
La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva y dictaminada por la comisión ordinaria de seguridad y prevención ciudadana que encabeza el diputado José Tomás Zambrano.
La Comisión Especial la integran el pastor Alberto Solórzano presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH); Omar Rivera, coordinador de incidencia política de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras (TI); Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); y Julián Pacheco, ministro de Seguridad, quien la preside.
La Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue creada mediante el decreto legislativo 21-2016, aprobado por el Congreso Nacional de la República, el que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 8 de abril, para redinamizar la estancada profilaxis y modernización de la Policía Nacional.
El decreto 21-2016 también declara emergencia nacional la depuración de la Policía Nacional y faculta a la comisión a separar a policías si no se reúnen los requisitos de idoneidad y confianza.
Asimismo, el Poder Ejecutivo aprobó el decreto ejecutivo 29-2016, que le permite a la Comisión Especial y al ministro de Seguridad, hacer una reestructuración en al andamiaje institucional de la Policía Nacional.
De acuerdo al decreto de emergencia aprobado por todas las facciones legislativas a inicios del mes de abril del presente año, la Comisión Especial en el proceso de depuración tiene las atribuciones: 1) Determinar la idoneidad en el servicio como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial; 2) Implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados; 3) Remitir al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un ilícito; y, 4) Rendir Informe cada 3 meses al Congreso Nacional, sobre los avances del proceso de depuración.
Del mismo modo, el decreto ejecutivo PCM-029-2016 del 11 de abril del 2016, aprobado por el presidente de la República en Consejo de Ministros, autoriza a la Comisión Especial “para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Seguridad, personal auxiliar y civil y de la Policía Nacional, ejecutando un proceso de reestructuración, cancelando los acuerdos del personal o de los miembros de la carrera policial conforme los requerimientos técnicos, profesionales y administrativos que requiera la Institución, así como de aquel miembro o personal que no cumpla con cualquiera de las condiciones establecidas en el decreto 21-2016.
Posteriormente, el Congreso Nacional, mediante decreto legislativo 2-2017 del 22 de febrero de 2017, extendió la vigencia de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, hasta el 20 de enero de 2018 y ahora se prorroga la vigencia de la comisión por un año más contados a partir del 21 de enero del presente año.
UNA
El Congreso Nacional también aprobó extender una prórroga en la vigencia de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) de Catacamas, Olancho.
El decreto fue dictaminado por la comisión ordinaria de educación que preside el diputado Ángel Darío Banegas Leiva quien explicó que los miembros de la comisión interventora tienen las facultades suficientes en los ámbitos legales, académicos y administrativos con el fin de normalizar su funcionamiento y elevar los estándares de calidad educativa.
La UNA es una institución educativa superior estatal debidamente autorizada y forma parte del sistema de educación superior tutelado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En 2016, la UNA enfrentó una crisis derivado de conflictos internos que reflejó ante la comisión de educación del Congreso Nacional, comisión de auditoría académica externa del Consejo de Educación y ante la misma comisión interventora, serias debilidades en las actuaciones académicas y administrativas que comprometieron profundamente la calidad de la educación que se ofrecía en la institución.
El Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo 162-2016 que contiene las disposiciones para la creación de una Comisión Interventora de la UNA por un período de 12 meses cuyos resultados reflejan los cambios y avances en la mejora en el funcionamiento administrativo, académico, logístico y productivo del centro educativo y en consecuencia se extiende el período de vigencia de dicha comisión por un año más.
