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“En medio de la efervescencia proselitista y la fiesta electoral, la clase política hondureña (candidatos presidenciales) debe tomar conciencia de la urgente necesidad de establecer dialogo, buscar consenso y tomar decisiones en torno a los enormes problemas en materia de seguridad y justicia que afectan a la población” ha manifestado Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Rivera, propuso que los candidatos presidenciales que sean electos en las elecciones primarias de los partidos políticos suscriban un “gran acuerdo nacional por seguridad y justicia que permita evitar que la lucha en contra de la delincuencia, criminalidad, corrupción e impunidad sean politizados en el último semestre del año 2017”.
Agregó que “las organizaciones no gubernamentales, las iglesias y las universidades, pueden constituirse en garantes de este tipo de pacto”.
“El tratamiento de los temas relacionados a emprender una guerra frontal y efectiva en contra de bandas del crimen organizado, carteles del narcotráfico, maras y pandillas, delincuencia común y redes corruptas, no debe estar supeditado al vaivén electoral y a los intereses particulares de quienes disputan los cargos de elección popular; esto tiene relación directa con las vidas de los hondureños y con el detrimento del patrimonio de muchos emprendedores, con la confianza que da el país a la inversión nacional y extranjera, y a garantizar que nuestra institucionalidad cumpla su mandato de respetar y hacer que se respete el ordenamiento jurídico vigente” expresó el coordinador de incidencia y abogacía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El dirigente de la sociedad civil planteó a los candidatos como temas esenciales a incorporar en una agenda común los vinculados a “la depuración, reforma y fortalecimiento de capacidades de la Policía Nacional, Ministerio Público (MP) y Poder Judicial; la ampliación y optimización de los servicios de seguridad y justicia en los municipios del interior del país; el mejoramiento del desempeño y la mayor articulación entre las diferentes unidades de inteligencia e investigación criminal; la despolitización de los procesos de contratación de funcionarios estatales; la reforma y recuperación de la gobernabilidad del sistema penitenciario; y la formulación e implementación de programas integrales de prevención de la violencia que atiendan las necesidades de grupos históricamente colocados en vulnerabilidad”.
Los intereses del país deben estar primero, la seguridad y justicia no debe ser politizada; estos temas, junto a los de educación y salud, deben formar parte de un gran pacto nacional, una gran concertación, una convergencia en función de los sagrados intereses de la patria” concluyó el depurador.
